Más de seis especialistas aseguran que los créditos educativos en México no son una opción como lo pretende impulsar el presidente Felipe Calderón a través del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies) pues los jóvenes que obtengan una beca para estudiar su licenciatura bajo este formato serán construidos bajo la identidad de deudor desde los 18 hasta los 33 años.
Los académicos advierten que la probabilidad de que ellos y ellas enfrenten dificultades para pagar los créditos que adquirieron para poder tener un título de licenciatura de una universidad “de paga” es muy alta: según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del primer trimestre de 2011, el salario promedio de un profesionista de entre 25 y 35 años es de más o menos 6 mil pesos.
“En México, los y las jóvenes ingresan a la educación superior a la edad de 18 años. Así que, quienes obtengan una beca para estudiar su licenciatura serán construidos bajo la identidad de deudor desde los 18 hasta los 33 años aproximadamente”, dice Herlinda Suárez, en una mesa redonda organizada por el Seminario de Educación Superior (SES) de la UNAM sobre los créditos educativos en México.
El Pronafies se anunció el 9 de enero de 2012 cuando se dijo estaría orientado a ofrecer créditos a los estudiantes para cursar estudios de licenciatura y posgrado por montos de 215 mil y 280 mil pesos, respectivamente en instituciones particulares, los cuales se tendrían que pagar en un plazo de 15 años a una tasa de interés fija de 10%.
Los investigadores han venido debatiendo el tema propuesto por el Ejecutivo y dando argumentos de su ineficacia.
“Este tipo de política de apoyo al sector privado se debe al estancamiento en esta área, ya que desde hace 10 años conserva una tercera parte de la matrícula total y no ha encontrado la manera de salir de esos límites. Y no sólo eso: de 2010 a la fecha está entrando en una tendencia decreciente de incorporación de nuevos estudiantes, es decir, está en crisis”, explica Roberto Rodríguez.
Para Alejandro Márquez expandir y mejorar la oferta de educación pública resulta fundamental para ampliar las oportunidades educativas de la población de más bajos ingresos. Señala que, en contraste, cualquier medida de apoyo a la educación privada, tenderá a beneficiar a la población de mayores ingresos y, con ello, a la expansión de este tipo de instituciones y la rentabilidad económica de los dueños de esos establecimientos.
Manuel Gil Antón señala que estamos en presencia de un gobierno que está abdicando de su responsabilidad estatal de hacer cumplir el pacto constitucional. Hay problemas económicos, pero creo que éste es un problema político grave que traería consigo una modificación en los términos de la acumulación, y no sólo en la educación, sino también en la concepción del Estado.