Quienes tengan entre 12 y 18 años y cometan algún delito federal recibirán sanciones como la prestación de servicios a la sociedad.
Seis años después del plazo constitucional para ese efecto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que prevé la imposición de sanciones como el apercibimiento, la prestación de servicios a la sociedad, la prisión domiciliaria y el internamiento en centros especializados a los menores de entre 12 y 18 años de edad que incurran en delitos de carácter federal.
Avalada con 279 votos a favor, 14 en contra y ocho abstenciones, la nueva legislación establece la restricción a la libertad como un castigo excepcional para mayores de 14 años y por el tiempo más breve posible, en casos de terrorismo, delitos contra la salud, ataques a las vías de comunicación, violación, asalto en carreteras, lesiones, homicidio, secuestro, robo calificado, acopio, portación e introducción de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como robo de hidrocarburos.
En ningún caso se aplicará la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a los adolescentes.
De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el nuevo sistema de justicia para adolescentes se integrará con agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados especializados, así como centros de internamiento a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Según el legislador priista Humberto Benítez, presidente de la comisión dictaminadora, “los adolescentes no pueden ser tratados como adultos chiquitos, sino en función de su edad y su desarrollo psicológico y biológico”.
Arturo Zamora, también diputado del PRI, sostuvo que el ordenamiento evitará que los adolescentes se conviertan en “carne de cañón” de las organizaciones criminales.
“Es una ley cuya finalidad es evitar que estos jóvenes sean víctimas de delincuentes adultos; es evitar que ellos se conviertan en carne de cañón de la delincuencia organizada”, puntualizó.
En función de la gravedad y circunstancias de los actos delictivos cometidos, las sanciones previstas son el apercibimiento, la prestación de servicios a la comunidad, la reparación del daño, la limitación a la residencia en lugares donde la convivencia social sea dañina para el infractor, e incluso la prohibición de convivir con determinadas personas, asistir a ciertos lugares o conducir vehículos.
Benítez reconoció que el Poder Legislativo se mantenía en falta desde hace seis años, pues de acuerdo con la reforma constitucional en materia de justicia penal, la nueva ley para adolescentes debió ser aprobada en marzo de 2006.
Al fundamentar el dictamen, el legislador priista sostuvo
que el ordenamiento garantiza el respeto a los derechos de los niños y adolescentes.