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“Siempre hay alguien que aprovecha los pretextos de la modernización para hacer negocios. Lo que documento es la modernización porfiriana y su origen codicioso: hacer dinero con el poder. Esa codicia creó un poder subordinado al dinero y al presidente accionista que fue Díaz, quien impulsó empresas sustentadas en el amiguismo”, señaló el historiador Jorge H. Jiménez con motivo de su libro Empresario y dictador. Los negocios de Porfirio Díaz (1876-1911).
La publicación editada por RM es resultado de la revisión actas notariales que evidencian los negocios de Porfirio Díaz durante su mandato como presidente, sobre todo, los beneficios y bondades económicas que obtuvieron las empresas de Thomas Braniff, José Sánchez Ramos y algunos funcionarios de su régimen como Carlos Pacheco y Manuel Romero Rubio.
Uno de los actos que hizo Díaz y que se mencionan en el libro es la modificación al artículo 72 constitucional para recibir contratos desde la presidencia, lo cual le permitió adquirir acciones de la Compañía Eléctrica e Irrigadora en el Estado de Hidalgo, beneficiada para construir el Gran Canal de Desagüe del Valle de México.
La historia, indica Jorge H. Jiménez, es la siguiente: En 1888 se otorgó a una compañía de capital inglés la concesión de construir un sistema de desagüe sobre la base de un gran canal, el cual empezaba en la Garita de San Lázaro y terminaba en el pueblo Juandhó. Pero la empresa resultó incompetente y seis años después, Díaz fue autorizado para rescindir contratos y otorgar exenciones de impuestos.
El resultado fue que el empresario Francisco Espinoza usó sin impuestos las aguas provenientes de los ríos Cuautitlán y Tula, las cuales cruzaban el Valle de México, para fines de irrigación y generación de energía. A este plan, se sumó Braniff, uno de los hombres de negocios más importantes del país ya que construyó plantas de energías en más de 20 mineras al norte de México.
“Los diferentes intereses de Díaz, Braniff y Espinoza convergieron el 6 de septiembre de 1897 al constituir la Compañía Eléctrica e Irrigadora en el Estado de Hidalgo, S.A, la cual se beneficiaría de las aguas del Gran Canal para generar electricidad. El capital de la compañía ascendía a 600 mil pesos, dividido en 6 mil acciones de 100 pesos cada una, de las que Espinoza recibió mil, Díaz cien acciones y Braniff 400”, comenta.
Otros negocios de Díaz fueron las alianzas familiares que estableció, por ejemplo, con Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación, pues al ser nombrado funcionario renacieron los enfrentamientos con los liberales ya que siempre apoyó a Lerdo de Tejada. Sin embargo, la solución de Díaz fue casarse con la hija de Romero Rubio e integrarlo a sus proyectos empresariales mineros junto con su enemigo político Carlos Pacheco.
“Mi interés es introducir en la historiografía el análisis de las élites desde las perspectivas empresariales, de cómo aprovecharon el poder para hacer negocios. No quiero hacer historia de las empresas, sino de los políticos y su relación poder- empresas cuando hay un pretexto ad hoc: la modernización”, precisa el autor.
INVASIONES PACÍFICAS. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se realizaron visitas de militares estadounidenses a territorio mexicano y posteriormente, el propio general arribó a Estados Unidos para establecer vínculos comerciales. A este fenómeno, el New York Times lo denominó invasiones pacíficas.
En estas invasiones que sucedieron de 1879 a 1883, figuraron los generales estadounidenses procedentes de la Guerra Civil: Ulysses Grant, William Palmer, John B. Frisbie y John W. Foster, quienes llegaron al México en calidad de empresarios en búsqueda de concesiones para ferrocarriles.
“Desde la guerra contra Estados Unidos (1846-1848), el país no había tenido contacto con dicha nación. La llegada de estadounidenses era vista con malos ojos ya que acababan de quitarnos la mitad del territorio, por eso se nombraron invasiones pacificas al acto de inspeccionar los recursos, es decir: ver qué nos pueden compartir. Sin embargo, estos generales ya tenían un fin económico: necesitamos construir sistemas de ferrocarriles”, expresa Jorge H. Jiménez.
En opinión del autor, los proyectos de modernización se tuvieron que ajustar a los intereses financieros de quienes los proponían, que por lo general, eran extranjeros y no se adecuaron a las necesidades de los mexicanos.