La Procuraduría General de la República (PGR) debe evolucionar como lo ha hecho la delincuencia organizada, para hacer frente a este desafío.
Por ello, desde hace 11 meses, cuando Marisela Morales Ibáñez se convirtió en titular de la dependencia se planteó objetivos concretos: fortalecer la institución y hacerla eficiente; depurarla de los servidores públicos que traicionan a la justicia, y sobre todo hacer que la sociedad sea su aliada en esta tarea.
Sabe que los meses que quedan no serán suficientes para concretar todos los proyectos, pero al concluir el sexenio, indicó, se dejará un andamiaje institucional, protocolos de actuación que conduzcan el trabajo ministerial, necesarios para ofrecer resultados a la ciudadanía. “No alcanza el tiempo para todo lo que se tiene que hacer, pero estamos priorizando y tenemos un plan de trabajo que nos deje sentar las bases que se requieren, para que después, se continúen estos esfuerzos”, refiere la procuradora.
Reconocida por la revista Newsweek, como una de las 150 mujeres más valientes del mundo, al encabezar un área clave en la estrategia de seguridad del país, pues de ella depende llevar con éxito ante tribunales a los integrantes del crimen organizado, aceptó que la PGR ha cargado en los últimos años con una imagen de desprestigio, ante fenómenos como la impunidad y corrupción que se deben revertir, es el reto.
La procuradora asistió a un foro organizado por EL UNIVERSAL, en el que participaron reconocidos editorialistas y encabezado por su Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración Juan Francisco Ealy Ortiz, así como el Director General de esta casa editorial, Juan Francisco Ealy Lanz Duret. Respondió a las inquietudes del consultor y analista Alfonso Zárate, quien señaló que “la PGR arrastra desprestigio, hay desconfianza ante la implicación de autoridades con los grupos delictivos; otro problema es la impunidad, ante la existencia de casos relevantes, que han terminado con la libertad de presuntos delincuentes”.
Resultados tardíos
La experta en temas de seguridad nacional Ana María Salazar, añadió que una de las críticas a la institución es precisamente el problema de integrar expedientes que culminen en sentencias, cuando la ciudadanía espera resultados a corto plazo y no en 10 años, cuando se verá el impacto de las reformas legales; pero también, dijo, “parece que hay deficiencia en la capacidad de investigar y procesar a políticos implicados con el crimen organizado, como ocurrió en Colombia”.
Morales Ibáñez reconoció que es necesario fortalecer a la dependencia en sus capacidades materiales y humanas, impulsar el uso de herramientas jurídicas como las intervenciones telefónicas, realizar cateos, perseguir a la delincuencia organizada con todos los insumos legales en aquéllas entidades en las que tienen una mayor presencia, hoy esa es la premisa para tener una institución activa ante estas expresiones criminales.
Aunque para la funcionaria todo este esfuerzo requiere de la participación de los ciudadanos, “para que sean los que nos califiquen, observen, ayuden. En este trabajo de pronto encuentras muchos obstáculos, pero si estamos unidos se pueden convertir en grandes fortalezas para lograr objetivos comunes”, destacó Marisela Morales.
Indicó que “esto nos permitirá recuperar la credibilidad en las instituciones, que no es fácil, pues han sido años de muchas historias que lamentablemente se siguen dando, pero estamos castigando a la gente que traiciona y ha dañado mucho a las dependencias, pero si la gente se vuelve parte de estas soluciones, eso va a ser la clave”.
Dijo que en Colombia fue posible detener a políticos corruptos ligados al narcotráfico ya que autoridades y ciudadanos se unieron, se confió en las instituciones, en el trabajo que realizaron y eso debe ocurrir en México.
La sociedad debe entender que el enemigo es la delincuencia no la autoridad, y el trabajo transparente de las dependencias frente y con la sociedad es crucial. “Como mexicana y madre de familia, sé que todos queremos que no haya secuestros, extorsiones, todo esto que vemos y deseamos que no pase, todos desde nuestro ámbito tenemos una gran responsabilidad de construir”.
La procuradora indicó que encontró servidores públicos de alto nivel que no estaban dispuestos a sumarse al desafío. “Llamamos la atención a los delegados que no estaban haciendo el trabajo”, lo que derivó en que 21 fueran removidos del cargo, y ahora el monitoreo a la labor de los responsables de la PGR en todo el país es constante.
“Los que tenemos esta responsabilidad debemos dar el 100% y más, tengo calidad moral para exigirle a mis subordinamos, porque estamos en un momento tan difícil en el país en el que no podemos dar menos, y quienes no se sumen a esta tarea podrán ir a otro lado; es un trabajo que requiere innovación, si seguimos haciendo lo mismo no va a haber resultados distintos”.
Apuntó que “la delincuencia organizada va evolucionando, en esa misma medida tiene que evolucionar la Procuraduría, ir creciendo, porque recibimos casos todos los días, los delitos y los detenidos aumentan y evidentemente la PGR tiene que irse fortaleciendo en calidad y en cantidad, en eso estamos trabajando”.
El politólogo Emilio Rabasa, cuestionó por su parte, cuál ha sido el trabajo que realiza la dependencia ante la implementación de los juicios orales, a pesar de que el Congreso se ha visto muy lento en la aprobación del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, si hay un entrenamiento para los Ministerios Públicos.
Mayor control
La procuradora Marisela Morales indicó que en general se han diseñado protocolos de actuación que establecen con claridad el trabajo ministerial, para no dejar margen a la discrecionalidad de un servidor público y existe un estándar en los pasos que se siguen en una investigación, lo que permite detectar posibles irregularidades en la integración de un expediente.
Esto se ha reforzado con la aplicación periódica de exámenes de control de confianza a todos los niveles, detalló la procuradora, pues cuando asumió el cargo, “había gente que habían pasado 10 años y no se habían evaluado, estaban fuera de norma y se empezó a regularizar esa situación para que pudiéramos ir fortaleciendo a la PGR, ya que el factor humano es vital”.
Respecto al tema de los juicios orales, detalló que se trabaja con la embajada de Estados Unidos en el Proyecto Diamante, y se ha capacitado a 200 Ministerios Públicos que han estado en la praxis de la procuración de justicia durante años, quienes serán los multiplicadores del sistema de justicia oral; en las delegaciones de todos los estados está en marcha este entrenamiento que será la clave del éxito para el sistema, aunque es urgente que se cuente con el Código Federal de Procedimientos Penales.
El analista José Antonio Crespo expuso en el foro el tema del cambio de titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ya que “el cambio se dio en pleno proceso electoral, que suscitó suspicacias en el PRI y en general la sociedad se pregunta a qué se debió, ya que de por sí en tiempos electorales hay sospechas, acusaciones y la ciudadanía merece explicaciones”.
Morales Ibáñez dijo que el cambio obedeció a que se requería reforzar Fepade, ya que en el área más de 90% de las investigaciones se centraban en casos uso ilegal de la credencial de elector, y no se estaban abordando todos los delitos en la materia.
Indicó que en general hay una reingeniería institucional, en la que ha renovado a su equipo de colaboradores a nivel de subprocuradurías, fiscalías y unidades de investigación, y ha dejado al frente a funcionarios con amplia trayectoria dentro y fuera de la PGR, que han desempeñado diversos cargos, con la experiencia para asumir esta responsabilidad; mientras que otros servidores públicos dentro de la estructura operativa han sido sometidos a una capacitación constante.
La procuradora general indicó que “el tema de la corrupción ha sido un tema prioritario en estos meses que he estado al frente de la institución, desde la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) hicimos la Operación Limpieza, fue solamente el inicio de una depuración periódica, pues debemos dar ejemplo de no a la impunidad, no a la tolerancia a actos ilegales”.
Atención a víctimas del delito
La activista Maité Azuela, por su parte, preguntó a la procuradora sobre el trabajo que se realiza para mejorar la atención a las víctimas, cuando “incluso hay casos de defensores que están desprotegidos y en riesgo”, además de que cuestionó si existe la intención de crear un banco de datos de ADN para atender el fenómeno de las desapariciones forzadas.
Al respecto, la funcionaria federal adelantó que se está creando la base de datos y se impulsa un proyecto para que los estados tengan los recursos para sumarse a este trabajo; mientras que en materia de atención a víctimas se han instalando unidades de derechos humanos en áreas clave como en la Centro de Arraigos, la subprocuraduría de Delincuencia Organizada y la delegación Metropolitana, y está en marcha en otros estados del país.
Destacó que otro aspecto vital en la tarea que realiza la PGR es la alianza con otras dependencias del país. “Soy una convencida de que la principal fortaleza del Estado es la coordinación entre sus instituciones, para desarrollar la estrategia de combate al crimen organizado, es generar confianza para intercambiar información, preparar operativos, diseñar estrategias y llevar esta coordinación a las autoridades estatales, a fin de desarrollar una agenda conjunta”.