*El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) pagó 17.5 millones de pesos para que el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica…
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) pagó 17.5 millones de pesos para que el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, una instancia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), le hiciera recomendaciones y formulara un “modelo teórico” para la operación de áreas de análisis y estadística en oficinas de seguridad pública y procuración de justicia de los estados.
Bajo el ostentoso nombre de “Modelo estándar para las áreas de análisis y estadísticas en las entidades federativas”, el convenio es, en la práctica, un contrato de asesoría en el que la BUAP se comprometió a entregar una serie de documentos por escrito (entregables) y el Secretariado Ejecutivo del SNSP a pagarle 17 millones 598 mil 350 pesos con 72 centavos, IVA incluido.
Si el gasto ha valido la pena (la BUAP ya recibió el total del monto pactado en 2015) es algo que podrá valorarse dentro de seis años, pues el Secretariado Ejecutivo del SNSP, instancia contratante, se apresuró a declarar toda la información relacionada con el convenio como reservada.
Las áreas de análisis y estadísticas son las encargadas de recopilar datos básicos de eventos policiales y ministeriales diariamente. Las carpetas que debió entregar la BUAP incluirían encuestas a los funcionarios de estas áreas y revisiones bibliográficas de “buenas prácticas” en el mundo.
Inicialmente y mediante comunicaciones oficiales, el Secretariado Ejecutivo del SNSP negó la existencia del convenio, para después aplazar sistemáticamente respuestas a solicitudes de acceso de la información.
El 15 de febrero pasado, se notificó oficialmente que difundir lo que hizo la BUAP y el “modelo teórico” sobre cómo debe ser una oficina de análisis y estadística, puede ser utilizado por la delincuencia común u organizada con fines delictivos. La opacidad perdurará hasta 2022.
CONTRATO EN LO PÚBLICO. El convenio puede entenderse como un contrato que se efectúa entre instancias públicas, lo que permitió al Secretariado Ejecutivo adjudicarlo directamente, sin licitar, a la BUAP. Esta universidad realiza el trabajo sin participación directa de funcionarios del Secretariado Ejecutivo que se limitó a revisar el trabajo, recibir los resultados, revisarlos y pagar.
Entre los documentos sujetos a la opacidad bajo el argumento de que “probablemente sería utilizada por la delincuencia común u organizada, con fines delictivos” está un cuestionario de la encuesta que debió realizarse a los integrantes de las áreas de análisis y estadística de seguridad pública y procuradurías estatales; un documento sobre buenas prácticas internacionales y nacionales en la materia (revisiones bibliográficas según aduce el mismo convenio); el documento del modelo estándar de oficina “estructural y de operación” y un informe de “necesidades de capacidades institucionales para implementación del modelo”.
Consultado por Crónica después de facilitarle una copia del Convenio, Francisco Rivas, presidente del Consejo Nacional Ciudadano, indicó que como en otros casos, se está gastando dinero sin tener la posibilidad de saber qué tan útil fue. La entrevista con Rivas se entrega en nota aparte en esta misma edición.
¿DÓNDE ESTÁ EL CONVENIO? Revisar el convenio identificado con la clave SESNSP-058-2015 es un asunto tortuoso. Mediante solicitud de información dirigida al Secretariado Ejecutivo, se pidió copia del documento. La primera respuesta fue:
“Al respecto, de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia (…) me permito informarle que de la revisión efectuada a los registros informáticos y documentales de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, se desprende la inexistencia de la información requerida por el peticionario”.
Así, nadie en el Secretariado Ejecutivo ubicaba el compromiso contractual más oneroso del Secretariado Ejecutivo durante el 2015.
La XLVII Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Secretariado Ejecutivo del SNSP, celebrada el 17 de noviembre de 2015, no tuvo empacho en confirmar “la inexistencia de lo solicitado”. Lo curioso es que para esa fecha, el convenio tenía cuatro meses de firmado y estaba a tres días de terminar vigencia.
La impugnación a esta negativa fue admitida ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información que, por lo demás, no tenía mucho que hacer para detectar el convenio que aparecía registrado en diferentes sistemas de compras y adquisiciones del Gobierno Federal.
Ya con la impugnación en curso, el 1° de diciembre de 2015 el Secretariado Ejecutivo optó por entregar vía correo electrónico copia del convenio y los datos de los pagos realizados hasta ese momento: 8 millones 799 mil 175 pesos con 36 centavos.
Al 18 de diciembre ya se habían pagado los 15 millones, 170 mil 992 pesos a los que se añadió el monto por IVA. Un total de 17 millones, 598 mil 350 pesos con 72 centavos.
¿QUÉ ME DAS POR 17 MDP? Además de los datos estadísticos provenientes de las procuradurías del país (número de denuncias ante MP por cada tipo de delito), en el convenio se alude a las bases de datos electrónicas de vehículos robados, de policías y el registro penitenciario. Esas bases de datos están alojadas en Plataforma México, pero esta instancia de la Comisión Nacional de Seguridad no tuvo participación en el convenio. Las procuradurías tampoco tienen intervención señalada en el Convenio, más allá de recibir las probables visitas que se comtemplaban en el trabajo.
Ante la negativa a transparentar cualquier información sobre los entregables y resultados de la BUAP, sólo es posible cotejar lo gastado contra los objetivos planteados en el propio documento.
La BUAP incluyó en el convenio una “Propuesta técnica” en la que señala puntualmente a lo que se comprometía: diseñar “un modelo conceptual de estructura y operación” para las áreas de análisis y estadística, un diagnóstico sobre los recursos y capacidades con los que operan estas áreas y sobre los mecanismos implementados para la coordinación, control y verificación de la información entre dependencias de seguridad pública.
De esa parte conceptual y teórica, se avanzaría luego hacia un modelo de oficina. El objetivo a lograr se refiere a recomendaciones sobre estructuras y capacidades de áreas de gobierno, algo que suena más bien a reingeniería en oficinas públicas:
“Diseñar un modelo estándar que defina: a) la estructura de relaciones interinstitucionales con que se organiza, coordina y controla el suministro de información entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y las Áreas de Análisis y Estadística”.
“Elaborar un catálogo de mejores prácticas que describa la mejor práctica encontrada y el estándar básico para cada una de las dimensiones establecidas anteriormente: normativa, organización, recursos humanos, infraestructura y recursos materiales, sistemas, seguridad y procesos”, se lee en el documento.
Para ello, la BUAP se comprometió a integrar un equipo de trabajo multidisciplinario capaz de visitar las 32 entidades del país. La experiencia solicitada también denota el enfoque de reingeniería de oficinas:
“La BUAP deberá contar con un equipo de trabajo multidisciplinario y suficiente (…) así como con experiencia demostrable de al menos cinco años en la realización de proyectos de reorganización y fortalecimiento administrativo en instituciones o dependencias gubernamentales, siendo deseable en instancias de procuración de justicias y seguridad pública”.