*El gobierno mexicano discrepa de las conclusiones del reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada…
El gobierno mexicano discrepa de las conclusiones del reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada este 2 de marzo.
La CIDH visitó nuestro país en septiembre del año pasado y en aquel entonces, en distintos espacios, se refirió a las condiciones que guardan los derechos humanos en México.
Por medio de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, el gobierno federal manifestó su desacuerdo con dicho reporte, argumentando que “desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten, tanto en la visita como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”
El documento de la dependencia federal asegura que “Si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten, tanto en la visita, como al término de ésta”.
Dice la dependencia federal, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, que las observaciones preliminares de la CIDH -que hoy se retoman en el informe- se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el gobierno de la república ha impulsado en los últimos años.
Incluso, dice la institución encargada de la política interior nacional que en la elaboración del reporte hubo un sesgo político, “la metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial, en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”.
Esta circunstancia provocó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas.
El informe no valora que para el gobierno de la república siempre ha sido una prioridad atender las solicitudes de información de parte de la CIDH, además de ello, las numerosas audiencias públicas en que ha participado en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, y las visitas de los Comisionados a México en septiembre pasado, son muestra de la apertura y cooperación internacional que privilegia nuestro país y que, una vez más, el informe no recoge.
Se destaca también que México cuenta con una sociedad civil demandante que participa activamente en el diseño e implementación de políticas y estrategias de derechos humanos, y con la que se mantiene un diálogo constante, mismo que ha servido para la construcción de políticas públicas y en el diseño de instrumentos legales.
Independientemente de lo anterior, el Gobierno de la República toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda, si bien, como la misma CIDH reconoce, muchas de estas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas, incluso desde antes que la Comisión visitara México.
El Gobierno de la República reitera su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, y continuará colaborando con los organismos internacionales relevantes a fin de que contribuyan en la construcción de políticas públicas sólidas y en el mejoramiento de nuestras instituciones.
En ese marco, la reciente renovación de la Comisión ofrece una oportunidad para fortalecer el diálogo ente los Estados y la CIDH, que permita a los propios Comisionados contar con información balanceada y confiable que facilite su importante mandato de promoción de los derechos humanos en el Continente.