* Gustavo Vera, secretario de la mesa directiva del Ejido Valle de Banderas, misma que fue anulada por un magistrado agrario, señaló que hubo mano negra en esta sentencia donde pudieron haber intervenido, el exgobernador, Rigoberto Ochoa Zaragoza y la diputada federal Ivideliza Reyes.
Por Paty Aguilar
Con el cúmulo de legajos de juicios agrarios sobre la mesa bajo el número de expediente 597/2008 y sus acumulados, la mesa directiva del Ejido Valle de Banderas, encabezada por Juan Hernández y Gustavo vera Morán, acompañados por su abogado, Arturo peña, dieron a conocer que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, había resuelto declarar nulas las Asambleas donde fueron elegidos ellos y la Asamblea que realizó el otro grupo opositor para elegir también otra mesa directiva encabezada por Guadalupe Flores, resolutivo que también ordena se lleve a cabo nuevas elecciones.
Ante esta sentencia definitiva, que emitió el magistrado, licenciado, Raúl Eduardo Covarrubias García, ante el licenciado, José Luis García Mérida, Secretario de Acuerdos que autorizó y dio fe el 10 de febrero 2011, Gustavo Vera quién funge como secretario del Ejido, informó a los medios de comunicación que apelarán esta sentencia, dado que todas las pruebas que presentaron fueron muy claras, por tal motivo consideró que en la decisión del magistrado hubo “mano negra”.
Señaló Gustavo Vera en tono enérgico “no es posible que de acuerdo a los principios democráticos de una elección que se dio de forma transparente, a dos años y medio todavía está en tela de juicio una elección que se dio a vista de todo el mundo. Creemos que hay tráfico de influencias. Al magistrado le temblaron las corvas para dictar sentencia de acuerdo a derecho”, sostuvo.
A pregunta expresa sobre quienes eran las personas que estaban incurriendo en este tráfico de influencia, sin inmutarse, mencionó atrás de la decisión del magistrado estaba la diputada federal Ivideliza Reyes quien se ha dado a la tarea de dividir los Ejidos, dijo y agregó “y algún exgobernador”. Se le preguntó el nombre de este gobernador, pero se abstuvo, a insistencia de esta reportera, finalmente señaló que se trataba de Rigoberto Ochoa Zaragoza.
Sobre la supuesta intromisión del gobernador, recordó que hay un asunto donde Rigoberto Ochoa participó. Se trata dijo, sobre la venta de 1433 hectáreas en el área de Las Juntas y en las inmediaciones del aeropuerto de Vallarta que el Ejido hizo hace 11 años. Comentó que en aquel entonces, los gobernadores de Nayarit y Jalisco, acordaron con Guadalupe Flores, entonces presidente del Ejido, una indemnización pagada al Ejido de 40 centavos el metro cuadrado, lo cual consideró que fue una cantidad mínima que lesionó el patrimonio del Ejido.
Ante esta situación, dijo Gustavo Vera, que esta mesa directiva actual, tenía interés en revivir este caso porque se tenía la duda del verdadero costo de esta indemnización porque nunca se vio el cheque, solo fue repartido entre los ejidatarios. Por esta razón, Gustavo Vera consideró, que el ex gobernador, Rigoberto Ochoa, tuvo que ver también en la decisión tomada por el magistrado.
Por su parte, el abogado, Arturo Peña, explicó que aunque esta mesa directiva tiene la certeza de contar con la mayoría de ejidatarios, celebrar una nueva elección, no es una buena opción, dado que sería empezar de nuevo, porque Guadalupe Flores García, buscaría la forma de impugnar el resultado nuevamente: Es por ello, que en estos días de plazo que la ley les permite, la mesa directiva que preside Juan Hernández, analizará el esquema jurídico que les permita inconformarse contra esta resolución que los anula como dirigentes de este Ejido.
El abogado agregó que por el momento, quedó claro que la elección de Guadalupe Flores García es nula de raíz y de pleno derecho, y en lo que respeta a la de Juan Hernández, el único motivo que el magistrado tomó como válido para anularla, es que la Asamblea no se llevó a cabo en el recinto ejidal, pese a que la ley establece que cuando hay razón justificada puede celebrarse en otro lugar, que en este caso se llevó a cabo en la plaza pública de Valle de Banderas.
Recordó el abogado, que en su momento hubo una certificación de hechos sobre la realización de esta asamblea y se presentó como prueba, donde se da fe del porqué no se llevó a cabo en el recinto oficial del Ejido, ya que el salón ejidal estaba tomado por Guadalupe Flores y otros ejidatarios, fe que dio la visitadora de la Procuraduría Agraria.