• Hace un año presentaron denuncia penal contra ejidataria Paula Cuevas Galván y dirigente de las 150 familias, Larisa Rodríguez Plasencia, quien es comadre del alcalde, pero hasta la fecha el juicio no avanza, mismo que es llevado ante el tribunal penal por el licenciado, Oscar Esparza Montelongo
Por Paty Aguilar
Un grupo de trabajadores de Sayulita, consideran que fueron objeto de un fraude y fraccionamiento ilegal, además de lo que resulte, por ello presentaron una denuncia penal hace un año contra la ejidataria, vendedora de 3 hectáreas y su promotora, Larisa Georgina Rodríguez Plasencia, hechos que se registraron a partir del inicio del año 2006, sin embargo, al paso de los meses y los años, la situación se complicó, el alcalde Héctor Paniagua Salazar, entró al quite y ahora, los afectados presumen, que es el propio presidente municipal, quien quiere comprar estas tierras que ya fueron saldadas por los afectados por la cantidad de aproximadamente un millón 200 mil pesos, luego de que con engaños les hicieron creer que no podían adjudicarse estos predios porque son zona protegida, pero luego el alcalde les dio la esperanza de que les cambiaría el uso de suelo, ya que Larisa es su comadre y con ello, pretendía ayudar a estas familias, pero no fue así, refieren las quejosas.
Fue hace aproximadamente 5 años, en enero del 2006, cuando un grupo de trabajadores fueron invitados por parte de la señora, Larisa Georgina Rodríguez Plasencia, para comprar primero una hectárea de tierra ejidal a la señora, Paula Cuevas Galván del Ejido Higuera Blanca por la cantidad de 300 mil, ubicada frente al rancho La Compuerta, con la idea de empezar a constituir una colonia habitacional de desarrollo progresivo, para tal fin, con abonos mensuales lograron recabar los primeros 100 mil pesos que fueron pagados a la ejidataria con fecha 6 de junio 2006.
Después, la señora Larisa y Paula, decidieron vender de esta manera dos hectáreas más, y para ello invitaron a más incautos, por lo que sumaron 150 familias, las cuales con pagos parciales, finalmente, lograron saldar el total de la venta de tierra en el mes de diciembre 2006, sin embargo, no les permitieron tomar posesión de sus terrenos porque dicho predio, según les informó el regidor, Rodrigo Peña Ramos, era área protegida.
Ante este supuesto problema, posteriormente el año pasado por el mes de septiembre, los afectados fueron convocados a una reunión informativa por parte de personal del Ayuntamiento, porque para entonces, ya había intervenido el Ayuntamiento, donde en esa ocasión, les hicieron saber que si podrían construir y que dicho predio se transformaría en una bonita colonia, pero luego les informaron que no sería así, que lo mejor era vender esos predios, ya que su uso de suelo no les permitiría construir tantas casas, por tal motivo, se les ofreció otro terreno propiedad de Chema Chía, así se le conoce al ejidatario, los afectados aparentemente aceptaron, pero resulta que con el paso d los meses, se dieron cuenta que este terreno también era zona protegida, sin embargo, estos predios, fueron vendidos a otras personas, que ahora también tienen este problema.
Es el caso, que según les informaron a los quejosos, de parte una fuente muy cercana al alcalde, que sería el propio presidente municipal, Héctor Paniagua Salazar, quien compraría las tres hectáreas en mención a la ejidataria Paula Cuevas, para que posteriormente, las familias afectadas, con este dinero pudieran comprar en otra zona donde si pudieran construir sus casas.
Finalmente, este grupo de trabajadores, piden justicia, ya que el juicio penal que entablaron contra la ejidataria y su promotora, no avanza, lo último que les informó su abogado, Oscar Esparza Montelongo, hace 15 días, fue que de un momento a otro saldría la orden de aprehensión contra las demandadas, sin embargo, hasta la fecha no saben nada y temen que por este lado también los estén engañando.