- Propuesta del regidor Juan Pablo García, la cual había sido turnada a las comisiones de aseo público, ecología, saneamiento y acción contra la contaminación ambiental
Por Mauricio Lira Camacho
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Es un hecho, finalmente la implementación del Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual fue aprobado por el pleno del ayuntamiento, a iniciativa del regidor priista Juan Pablo García.
Propuesta que en papel, según los análisis realizados tendría un costo de 101 millones 213 mil 892 pesos, que incluye programas de prevención, de manejo, inventarios de residuos, separación en fuente y recolección selectiva, programa “Así Quiero Mi Escuela”, actividades de separación de residuos en edificios del ayuntamiento, recolección de residuos voluminosos, planta de compostaje, centro de acopio de materiales reciclables, residuos de la construcción, erradicación de tiraderos clandestinos, comunicación y educación ambiental, gestión ambiental, entre otros.
Iniciativa cuyo dictamen corrió a cargo de las comisiones de aseo público, ecología, saneamiento y acción contra la contaminación ambiental.
Se determinó la necesidad de someter el programa de gestión integral de residuos sólidos al proceso de una consulta pública, con la intención de que los diversos actores de la sociedad rindieran su punto de vista del programa, sus opiniones y críticas que permitieran enriquecer y perfeccionar su operación.
Sustentan en el ámbito de las justificaciones que se coincide que en virtud del crecimiento poblacional que experimenta el municipio de Puerto Vallarta, la imagen y el desarrollo sustentable de la ciudad, se contempla como una de sus prioridades, llevando a cabo diversas acciones y estrategias para el control y prevención de la contaminación del medio ambiente, incorporando técnicas y procedimientos para regular el manejo de los desechos generados por los habitantes exigiendo compromisos y responsabilidades individuales y sociales, con el fin de lograr una ciudad de calidad en materia de limpieza y con ello establecer un hábito en la ciudadanía, contribuyendo con la recuperación y restauración del equilibrio ecológico, la prevención del daño a la salud, garantizando el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como establecer los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades y de éstas con los sectores social, privado en materia ambiental.