* 10 mil litros de gasolina se gastó diariamente en el mes de Junio 2014 en la campaña de José Gómez, y esto es parte de lo que el Grupo Octano está cobrando al Municipio. La Síndico Municipal, Mónica Saldaña, dejó perder el juicio, no hubo defensa apropiada y tampoco denuncias penales contra la anterior administración, asegura el regidor, Ismael Duñalds, quien voto en contra en Sesión de Cabildo de que se pague este adeudo con patrimonio municipal.
Por Paty Aguilar
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El regidor, Ismael Duñalds, hizo serios señalamientos en la Sesión de Cabildo Extraordinaria que se celebró este sábado 18 de junio 2016 en la presidencia municipal de Bahía de Banderas, donde se trataron tres puntos de acuerdo que solventarían la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, para pagar al Grupo Octano, la cantidad de 25 millones 800 mil pesos por concepto de gasolina que se consumió durante el primer semestre del 2014, previamente y durante el proceso electoral donde fue electo, José Gómez Pérez, como presidente y Mónica Saldaña, como Síndico.
Previamente y obligados por las circunstancias, el asesor jurídico del alcalde, Carlos Fontaner, informó por primera vez a Cabildo la situación que guarda el juicio 716/2014 del Grupo Octano contra el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Explicó que a la llegada de esta administración en el proceso de entrega recepción se encontraron varios documentos dentro de este expediente; un contrato de apertura de crédito del 20 de febrero del 2012, un finiquito de obligaciones por 16 millones de septiembre del 2013, además copias de 4 pagarés cada uno por la cantidad de 4 millones formado por las anteriores autoridades administrativas, 23 contra recibos en original con sellos y firmas por 9.8 millones de pesos y copias de dos cheques por 25.8 millones de pesos expedidos sin fondo en agosto del 2014, un mes antes de que entrara esta administración municipal.
Señaló que Grupo Octano presentó tres demandas, una administrativa con el expediente 716/2014, una demanda mercantil por los cheques sin fondo en el expediente 217/2015 y otra demanda mercantil más expediente 603/2014 por los cuatro pagarés. Los resultados de estas demandas es que la única que se ha resuelto es la administrativa por los 25.8 millones de pesos. Las otras dos demandas ya no las ha continuado Grupo Octano por el hecho de que si continua a darle resolución no van a lograr más que los jueces mercantiles les dirán que hay una Litis pendencia, la cual, dijo, la Síndico Municipal y el jurídico la hicieron valer como excepción dentro del juicio, esto significa, dijo, cuando se manda sobre los mismo hechos y sobre el mismo adeudo en diferentes juicios. Aquí ya tienen ganado uno, 25 millones 800 mil pesos “los otros dos juicios ya no van a continuarlos porque no van más que a perderlos, entonces, esta es la verdad jurídica del caso” concluyó no sin antes asegurar que ya se habían agotado todas las instancias a pregunta del regidor, Otoniel Peña.
Sin embargo, agregó que la demanda presentada por Grupo Octano, fue en noviembre del 2014, dos meses después de iniciada esta administración y comentó que le daba preocupación el hecho de que como litigante no había visto juicios expeditos, pero en esta caso así fue ya que el expediente administrativo, aún haber sido respondido por la Síndico Municipal y dirección Jurídica, haciendo valer las excepciones que se podían hacer, que al final era muy poco por los elementos y documentos que tenían ya presentados ellos como prueba, se resolvió el juicio de manera inmediata en diciembre del 2014, un mes después que fue cuando se presentó el amparo que se siguió peleando hasta sus últimas consecuencias y que se resolvió en diciembre del 2015, después de un año y de ahí empezó el tema de la ejecución de la sentencia. Este finiquito de obligaciones, dijo finalmente, se aprobó en Cabildo del VIII Ayuntamiento el 17 de septiembre del 2013.
Por su parte, el regidor, Ismael Duñalds, señaló que el artículo 112 de la Constitución obliga al alcalde a informar a Cabildo el estado que guarda la administración y no lo hizo, fue omiso de informar a Cabildo de la deuda que ahora se le cobra judicialmente y de forma forzosa al Ayuntamiento. Y el artículo 115 de la Constitución, dice que los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables mientras no varía su situación jurídica en los términos que señala la ley.
Se debe de pagar la deuda, dijo, porque solo los ladrones no pagan. Sin embargo, agregó “yo no estoy de acuerdo en que se enajenen los bienes del municipio pues hacerlo sería violar lo que dice la Constitución de Nayarit. Los bienes que propone el presidente municipal que sean vendidos, son bienes de dominio público que provienen de donaciones hechas al Ayuntamiento para fines de parques, jardines, construcción de infraestructura que no se incorporaron al patrimonio municipal mediante compra venta.
Y el artículo 67 de la Ley Municipal para Nayarit, prohíbe distraer los bienes municipales para los fines que están destinados para la comunidad del municipio y no venderse y pagar gasolina de condiciones dudosas en donde fue aplicada, pero además el artículo 163 de esta misma ley dice con claridad que solo procederá la venta cuando el producto de la venta represente un incremento al patrimonio municipal, cuando se requiera para vivienda de personas necesitadas o para la creación de una empresa que beneficie a la colectividad.
Aquí, dijo el regidor “no veo en la propuesta del presidente municipal ninguno de esos requisitos para que aprobemos la venta, es para pagar la gasolina que consumieron indebidamente”.
Agregó que “la Constitución de Nayarit, en su artículo 123, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fijará las normas para sancionar a quienes teniendo este carácter incurran en responsabilidad de conformidad con las siguientes prevenciones 1.- se impondrá mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo a los servidores públicos señalados en el mismo proceso cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en estos actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”
Luego preguntó a los miembros del Cabildo “¿la decisión de vender el patrimonio de los badebadenses, no perjudica el interés público? ¿No redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales? O acaso la venta de inmueble para pagar una deuda por mandato judicial puede interpretarse como un buen despacho de los asuntos públicos? Aquí son responsables de juicio político el presidente municipal y Mónica Saldaña, Mónica Saldaña, incluso con responsabilidad penal, pues el abogado de la empresa que demandó al Ayuntamiento es también abogado de la empresa particular de su familia y de ella. Hay algo que huele raro en este asunto y se debe de investigar a fondo y aquí se dijo, aquí se habló, aquí el presidente hablo de otros juicios que se están pagando, que se tuvieron que hacer otros convenios y yo me pregunto ¿entonces nosotros estamos aquí de aparato, porque solamente ellos los conocen, esos juicios que se ganaron al Ayuntamiento, bajo qué condiciones están”.
A hoy, dijo, “lo están dando a conocer, pero, era un asunto totalmente desconocido. Desde el inicio de la administración fuimos insistentes y hasta la fecha seguimos siendo insistentes, porque resulta que se nos notifica, pero nada más sabemos la orden judicial que se está dando y que desde luego se debe de pagar, pero ¿qué acaso nos somos responsables de lo que sucedió, hoy y mañana de lo que suceda? Es cierto que hay una responsabilidad de administraciones anteriores y yo pregunto, porque hasta la fecha no hay sustento o fundamento, algo hecho por esta administración que me lo muestre como tal. Aquí se ha dicho –no, se ha hecho procedimiento y ya está la autoridad competente- si el órgano de fiscalización tiene su función sin duda, pero también este Ayuntamiento tiene una responsabilidad.
Acotó que se están conociendo cosas que sin duda alguna son irresponsabilidad y se tiene que castigar por la autoridad competente “no por nosotros, efectivamente, pero en apego a nuestra responsabilidad. Es cierto, hubo una entrega recepción, pero, discúlpenme, yo no tengo el conocimiento de estos actos, ni tampoco en ningún momento se nos ha entregado expediente alguno. Este caso es muy parecido al de Olvera (sistema de riego del camellón carretera 200) donde también hubo un juego de intereses, donde hubo arreglos, donde hubo acuerdos y que gracias a que se haya conocido el expediente en su momento, dio la oportunidad para que esta administración municipal no quedara desfalcada con los 36 millones de pesos acordados de un millón 800 mil pesos que se quedó debiendo al empresario por el riego automatizado que hasta la fecha ha sido útil. Pero más grave hubiera sido que no se hubiera defendido y que no se hubiera salvado esa cantidad de millones d pesos que estaban negociados y acordados”
“Lo digo aquí con responsabilidad, se dejan ver cosas que no nada más están dentro de una administración municipal, sino que van más allá donde representan enriquecer a unos cuantos por estar en el lugar que les privilegia tomar ese tipo de acciones y acuerdos que afectan y dañan el patrimonio municipal. Entonces, yo creo que aquí, si bien es cierto que hay cuestiones que no están abiertas para que las conozcamos, también es cierto que es parte de nuestra responsabilidad. Aquí los exhortos que hemos hecho hasta el día de hoy, no se nos ha atendido con los documentos. Hemos tenido que acudir a transparencia y pagar por ello para que nos den algunos de los que solicitamos, más sin embargo, no todo de lo que se requiere en apego a lo que pudiera estar en condiciones de conocer cada uno de los temas importantes y que implica todo este asunto que estamos pasando el día de hoy”.
Sin esta información, dijo, no se puede ver que efectivamente la parte jurídica y sindicatura están haciendo las cosas bien y que las están defendiendo bien en favor del patrimonio municipal “mientras tanto se presta a la especulación y se presta a que digamos cosas que efectivamente pueden estar a lo mejor no a la par de quienes conocen perfectamente los números y los tienen en sus manos, más sin embargo, es una irresponsabilidad del Ayuntamiento, teniendo la condición de transparentar los actos que deben de ser públicos, porque quien administra los recursos de pueblo, no puede ocultarlos para que el pueblo no esté enterado de lo que está ocurriendo. Yo creo que eso se debe de transparentar y se debe dejar abierto para que así sea, porque lo que sucedió con esa gasolina, deja mucho que decir y sobre todo en el mes de junio del 2014 donde se incrementó en el documento que nos hace llegar el mismo tribunal a 10 mil litros diarios de combustible gastado donde implica una cuestión sumamente irresponsable con un monto de más de 10 millones de pesos en combustible en el mes de junio”
Entonces son cosas que pudiéramos estar pensando bien, dijo el regidor y agrego “y a lo mejor en el procedimiento que entregan toda la documentación te justifican que a lo mejor en el mes de junio del 2014 se hicieron obras extraordinarias, se hicieron acciones en el municipio que de alguna manera correspondan a ese consumo del cual se cuadriplica en un consumo medio normal. Entonces creo que hay irresponsabilidad, hay cuestiones señalables en este tema y yo creo que aquí el responsable es el presidente, es la Síndico y deben de solucionar el problema, debieron haberlo solucionado desde la primer orden judicial, más sin embargo, a nosotros no nos compete lo que nos está pidiendo porque nosotros no tenemos un asunto en el que podamos estar en condiciones de resolver”
Finalmente, ya en entrevista, el regidor, señaló que este asunto del Grupo Octano, se trata de un fraude que se está cometiendo en contra del Ayuntamiento de bahía de Banderas porque esa gasolina no se utilizó para servir a la ciudadanía, sino que gran parte de esa gasolina pudo haberse gastado durante la campaña de José Gómez y de Mónica Saldaña, durante y antes del proceso electoral del 2014, consumo, dijo, que incluso está observado por el Órgano Superior d Fiscalización del Congreso del Estado de Nayarit por las cantidades exorbitantes de consumo de gasolina que detectaron y que no se justificaron.