• La maestra María del Carmen Mendoza Flores, contralora en Jalisco y el presidente Salvador González, encabezaron acto solemne, tras una 1 hora 15 minutos de retraso
Por Mauricio Lira Camacho
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Tras un retraso de 1 hora con 15 minutos, finalmente la contraloría de Jalisco y el ayuntamiento de Puerto Vallarta, firmaron convenio de colaboración, que permitirá compartir base de datos de funcionarios que hayan sido cesados o inhabilitados por diversos cargos públicos.
El acto estuvo encabezado por la maestra María del Carmen Mendoza Flores, contralora general en el estado de Jalisco y Salvador González, presidente municipal.
Durante su participación, Contralora en el estado, María del Carmen Mendoza Flores, habló del convenio mediante el cual se fijan las bases de colaboración para compartir las bases de datos, de servidores públicos sancionados.
Es un convenio para compartir base de datos, entre el gobierno del estado, y los municipios viendo lo que son los servidores públicos sancionados.
El antecedente de esta idea, surge que en la ley de responsabilidades en el artículo 74, se establece la obligación que tienen los municipios como gobierno del estado, y los tres poderes de llevar un registro de todos los servidores públicos que tengan una sanción.
Las sanciones van desde aquellas que son un motivo para que un servidor público de manera continua llegue tarde y eso amerite una sanción.
Y quede registrada como tal hasta aquellas que tengan una mayor gravedad, que finalmente concluyen en lo que pudiera ser la destitución o la inhabilitación del cargo.
Esta obligatoriedad que se señala en la ley de responsabilidades surge de una reforma legislativa que fue aprobada en el año de 1976, dijo la contralora.
El registro con que cuenta la contraloría es apenas de 1997, y todavía hay otro que carece de información suficiente que data de antes sin mayor cantidad de datos requeridos.
Con este nuevo sistema lo que se busca es que haya una claridad con mucha precisión de cuáles son las razones por las que un servidor público sancionada y que además este registro sea histórico que se pueda compartir la base de datos, ya que en muchas ocasiones los servidores públicos, que son inhabilitados o destituidos se pasan de un municipio a otro, o de municipios al estado o viceversa, sin que quede un verdadero seguimiento.
Lo que se busca es fomentar la cultura para ser responsables de nuestros propios actos, los cuales tienen consecuencias.
Además de aquellos países donde hay índices de corrupción muy bajos, se hace del conocimiento público, que cometió una irregularidad, esta sanción social pesa mucho sobre quienes se les fincan responsabilidades.
Por eso muchas veces se detiene, y es un impulso para que cada servidor público seamos responsables de los propios actos, de las consecuencias repercuten
Además la ciudadanía en el ejercicio de la función pública, conozca de manera transparente esta base de datos y pueda consultarla.
Esta base de datos se sube a una web que es www.jugandolimpio.jalisco.gob.mx
Ahí viene un ícono donde aparecen los servidores públicos sancionados, la consulta es gratuita, concluyó.