*Gabriel Alvarado, abogado de la Asociación Manos Unidas por Nuestros Niños AC, integrada por papás de los 49 menores que perdieron la vida …
CIUDAD DE MÉXICO.
Gabriel Alvarado, abogado de la Asociación Manos Unidas por Nuestros Niños AC, integrada por papás de los 49 menores que perdieron la vida en la tragedia del 5 de junio de 2009, señaló que el reclamo de los deudos sigue siendo el esclarecimiento del caso y “que se pueda definir cuál fue la verdadera causa del incendio”.
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Para, enfatizó, “que de esa manera se pueda fincar correcta y adecuadamente la responsabilidad a quienes tuvieron que ver con el caso”.
En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, detalló que la sentencia condenatoria que dictó un juez el pasado 14 de mayo en contra de 19 implicados en el incendio “cubre sólo un aspecto de la justicia”, porque no incluye a los responsables intelectuales.
“Y como en algunas películas: ni están todos los que son ni son todos los que están.”
Agregó que a los sentenciados no necesariamente son los únicos que tienen algún grado de responsabilidad.
“Peor aún, aquellas personas que tienen algún grado de responsabilidad, que tuvieron algo que ver con el incendio, hasta ahorita siguen gozando de plena impunidad”, remarcó.
“Lo vemos como un punto que cubre sólo un aspecto de lo que llamamos justicia; a quienes acaban de ser condenados se les está responsabilizando de homicidio y lesiones culposas por omisión, no por responsabilidad directa”, precisó.
Alvarado afirmó que la sentencia condenatoria, que incluye a directivos de la guardería, se falla en “nombrar a los verdaderos responsables del incendio, provocado en una bodega aledaña a la guardería” y que servía de almacén de Hacienda estatal, durante la administración del entonces gobernador Eduardo Bours.
Por este hecho “ya existe una averiguación previa en la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, que lleva el subprocurador Gilberto Higuera”.
La investigación abierta “se apoya en la hipótesis de que el incendio habría sido provocado con la intención de destruir documentación oficial, que eventualmente revelaría malos manejos en las finanzas públicas, por el orden de diez mil millones de pesos”.
De ahí, agregó, “que los padres siguen reclamando y exigiendo celeridad en esas investigaciones.”
Pronostican lluvia de impugnaciones
Por otra parte, luego de que 19 personas fueran declaradas culpables y sentenciadas por su responsabilidad en la tragedia, padres de las víctimas e inculpados advierten que interpondrán apelaciones a la sentencia dictada por el juez primero de Distrito para modificar, revocar o confirmar el fallo.