Por Mauricio Lira Camacho
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Retos para el 2011, exigir a diputados federales para que en el congreso de la unión, aprueben ley general para atención de adolecentes, así como recursos, capacitación e infraestructura para casos de narcomenudeo, tras reformas constitucionales.
Así concluyeron magistrados en la elaboración del documento que regirá los compromisos a cumplir a lo largo del próximo año.
Sentencian, la exigencia a diputados aprobar Ley Federal y más recursos económicos.
Magistrados a favor de impulsar iniciativa presentada ante la cámara de diputados tendiente a adicionar una fracción XXI al artículo 73 de la constitución para implementar un sistema de justicia para adolecentes
Mientras que en el tema del narcomenudeo, los magistrados concluyeron hacer un estudio al panorama que las judicaturas locales enfrentarán, tanto en lo relativo a la infraestructura humana y material que se necesita
De acuerdo con el magistrado tabasqueño Alejandro González Gómez, las conclusiones ante el presidente de la suprema corte de justicia de la nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se versaron en los análisis hechos en las diversas mesas de trabajo.
Destacaron dos, la de atención al problema de narcomenudeo, tras reformas constitucionales y de la ley para adolecentes que se encuentra en la congeladora en el recinto de San Lázaro.
Mesa de narcomenudeo estableció como conclusiones:
1.- Efectuar un pormenorizado estudio al panorama que las judicaturas locales enfrentarán, tanto en lo relativo a la infraestructura humana y material que se necesita, como en el tema de la seguridad de los impartidores de justicia, a efecto de pugnar para que la partida presupuestaria estatal y federal correspondiente, se contemplen desde ahora los recursos necesarios para financiar las acciones derivadas del cumplimiento a las reformas de la ley general de salud tal como lo dispone el artículo 4 transitorio de dicho decreto.
2.- Para la implementación exitosa de la reforma se requiere de la fijación de un presupuesto a los estados, capacitar a los intervinientes en esta materia y la exposición definida de una política estatal incluyente, así como la coordinación de mecanismos que proporcionen igualdad de herramientas para su combate.
3.- Hacer los ajustes legales para resolver el problema de la incompatibilidad que existe en algunas disposiciones de la ley general de salud, respecto al procedimiento penal acusatorio y oral que por mandato constitucional están obligados a instrumentar las entidades federativas.
4.- Instar al legislador federal a que asuma sus compromisos en la administración de justicia de otras materias, como ejemplo, de adolecentes, a efecto de aminorar la carga que se la ha venido delegando a los poderes judiciales locales y de este modo puedan tener un mayor margen de maniobrabilidad en la administración de sus recursos humanos y materiales destinados a afrontar el fenómeno de la competencia concurrente en asuntos relacionados con el narcomenudeo.
Y en lo que respecta a la Justicia Especializada para Adolecentes, se dijo:
1.- Se reconoce al sistema de justicia integral para adolecentes como un subsistema perteneciente al sistema de justicia penal, pero sujeto a principios que lo especializan y exigen un tratamiento diferenciado.
2.- No existe obligación constitucional ni legal que las autoridades del fuero común conozcan y resuelvan de los delitos federales cometidos por adolecentes, pues cuando el constituyente lo ha querido, lo ha ordenado solo en los supuestos a que se refiere el párrafo tercero de la fracción XXI del artículo 73 de la constitución, existiendo obligación solo en estos y en ningún otro.
3.- No obstante, reconocemos que la jurisprudencia de la suprema corte de la justicia de la nación resulta obligatoria a los tribunales del fuero común.
4.- Existe gran disparidad en la implementación y el tratamiento de los modelos de justicia para adolecentes implementados en las entidades federativas, por lo que resulta conveniente homogeneizar los parámetros a nivel nacional.
5.- Nos manifestamos a favor de impulsar la iniciativa presentada ante la cámara de diputados tendiente a adicionar una fracción XXI al artículo 73 de la constitución implementar un sistema de justicia para adolecentes que sea concurrente y permita establecer una sola legislación a nivel nacional homogénea y estandarizada para todas las entidades federativas.
6.- Exhortamos a la cámara de diputados para que apruebe e impulse la reforma aludida.
7.- Observar los criterios de oportunidad velando por el bienestar de los adolecentes garantizando su desarrollo como personas.
8.- Instrumentar criterios de oportunidad reglados y sujetos a control judicial a través del juez de garantías.
9.- Implementar políticas criminológicas para que los criterios de oportunidad cumplan con el fin pedagógico del sistema, fomentando la cultura de la legalidad.
10.- Consideramos pertinente adoptar la figura de las cortes de drogas en materia de justicia para adolecentes que puedan ser efectivas las políticas públicas en materia de prevención, combate y tratamiento a las adicciones desde el inicio del procedimiento hasta la ejecución misma.
11.- Nos pronunciamos porque el perfil de los operadores judiciales del sistema integral cuenten con herramientas pedagógicas que les permita impactar a quien ha infringido la norma tanto en la tramitación del proceso como en la sentencia.
12.- Hacer efectivo el sistema de especialización mediante la capacitación de los agentes policiales que tengan contacto con los adolecentes a los que se atribuya la comisión de un hecho delictivo.