La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció que 31 de las 32 entidades federativas acumularon en forma conjunta 31.7 por ciento de subejercicio en los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), no obstante la “importancia estratégica” de aplicar dicho presupuesto.
En contraste, advirtió, “durante 2010 los delitos más sensibles, considerados de alto impacto, se incrementaron en comparación con el año anterior, siendo el robo de vehículos el que tuvo mayor aumento (13.6 por ciento), seguido del homicidio (13) y por último secuestro (10.5)”.
El proyecto de egresos para dicho ejercicio fiscal asignó 6 mil 916.8 millones de pesos al referido fondo, pero los gobiernos estatales habían invertido apenas 4 mil 722.4 millones al término de ese año y dejaron pendientes de ejercer los restantes 2 mil 194.4 millones.
“A pesar de la importancia estratégica que significa la aplicación de esos recursos, al 31 de diciembre de 2010, en 31 entidades federativas no se ejerció la totalidad de los recursos del FASP (sólo Durango erogó el total de los recursos), por lo que existen 2 mil 194.4 millones de pesos pendientes de aplicar, que significa 31.7 por ciento de lo asignado”, subrayó la ASF.
En su informe de resultados sobre la Cuenta Pública 2010, el máximo órgano de fiscalización sostuvo que el subejercicio del FASP “deriva de las deficiencias en los procesos de planeación, programación y aplicación de los recursos, así como de las insuficiencias en las acciones emprendidas por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para verificar que los recursos se eroguen y apliquen dentro del ejercicio fiscal correspondiente”.
Revisión de la Cuenta Pública
Remarcó que se trata de una práctica recurrente, y prueba de ello citó el caso de 2009, cuando los recursos pendientes de aplicar representaron 35.1 por ciento.
Como resultado de las revisiones practicadas a las 32 entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación emitió “dictámenes negativos” en materia de seguridad pública a 11 estados, mientras que otros 20 obtuvieron dictámenes “con salvedad”; solamente Durango salió “limpio” de la revisión.
Los estados con “dictamen negativo” fueron Baja California, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Según el informe entregado a la Cámara de Diputados, dichas entidades incurrieron en irregularidades como pago de remuneraciones indebidas, falta de documentación comprobatoria, transferencias a cuentas bancarias cuyo destino se desconoce y adquisición de bienes, servicios y obras no identificados con los objetivos del FASP.
El informe suscrito por el auditor superior, Juan Manuel Portal, documentó además que las acciones realizadas por las entidades federativas por medio de sus diversas corporaciones policiacas “no han sido suficientes para alcanzar un punto en el que se comience a revertir la incidencia delictiva”.
Precisó que las entidades con más homicidios en 2010 fueron Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Jalisco, DF, Veracruz, Durango, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Puebla y Morelos.
Anomalías en el Senado
El Senado de la República incurrió en pagos anticipados y excesivos, deficiente aplicación del ajuste de costos y pago de obra de mala calidad en su nueva sede de Paseo de la Reforma. Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la revisión de la Cuenta Pública 2010.
“Se encontraron pagos anticipados por 642.5 millones de pesos, que hubieran generado intereses por 5.2 millones de pesos; pago en exceso por 5.4 millones de pesos; deficiente aplicación del ajuste de costos, que arroja un pago en exceso por 9.4 millones de pesos, y trabajos pagados de mala calidad en los paneles prefabricados de las fachadas, que ascienden a 35.9 millones de pesos.”
Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, precisó que la auditoría a la nueva sede senatorial fue negativa, pues hubo recomendaciones y solicitudes de aclaración que implican 56 millones de pesos como probables recuperaciones.