* La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público de Valle de Banderas contra quien resulte responsable por el ejercicio indebido de funciones al realizar actos y convenios a favor de particulares que distraen cantidades por más de 47 millones de pesos a favor de algunos empresarios de Bahía de Banderas, así lo señaló el abogado, Enrique Téllez, asesor jurídico de la regidora, Mariel Duñalds Ponce
Por Paty Aguilar
Este lunes 2 de abril 2012 en punto de las once de la mañana, la regidora, Mariel Duñalds Ponce, acompañada por el abogado, Enrique Téllez, asesor jurídico de la edil, presentó denuncia penal de hechos en el Ministerio Público de Valle de Banderas contra quienes resulten responsables, en este caso, funcionarios del VIII Ayuntamiento y autoridades que presuntamente pudieron haber incurrido en algún delito al realizar convenios y acuerdos de pagos millonarios sin haber notificado al Cabildo, entre otras irregularidades que ampliamente se documentan en expediente que fue entregado ante el agente del MP en turno de la comunidad antes mencionada.
Según explico el abogado, Enrique Téllez, de lo que tienen certeza, es que quienes participaron en dichos convenios y acuerdos, son el presidente municipal, el Secretario General, el Síndico del Ayuntamiento y una de ellas, la Tesorera Municipal. En este sentido, señaló que quienes gozan de fuero, son los tres primeros.
Explicó que después de una investigación el agente del Ministerio Público tendrá que solicitar al Congreso Local de Nayarit, el Juicio de Procedencia para proceder en contra de esos funcionarios que gozan de fueron, y en dado caso, el Congreso podría eliminar ese fuero constitucional para que el ministerio público pueda actuar. Sin embargo, abundó, que independientemente de la acción del Ministerio Público ante el Congreso, también lo puede solicitar cualquier mimbro del Cabildo, por lo tanto, dijo, en virtud que debe de resultar la justicia pronta y expedita, por su parte, la regidora y su equipo de trabajo, realizarán el trámite correspondiente ante el Congreso para ir aventajando y en cuanto se concluya la investigación se proceda contra los responsables.
Aclaró que independientemente de que tienen la certeza de que los actos denunciados tienen una responsabilidad penal, también tienen una responsabilidad administrativa y tendrá que ser el Órgano Superior el que determine las cuantías que tendrán que devolver estos funcionarios, pero además tendrá que ser el propio Congreso el que determine si los imposibilita de volver a ocupar un puesto como servidores públicos.
La denuncia penal de hechos, explicó, no se puede eliminar, porque los contratos existen, y en este tenor, podrán buscar los denunciados su defensa, pero los hechos no los pueden eliminar, hablan por sí solos, existen las actas de Sesiones de Cabildo donde no se dio informe alguno respecto de esos contratos y precisamente con eso se justifica el hecho en que incurren en contra de lo ordenado por el Código Penal de Nayarit.
Finalmente, dio a conocer que el tiempo que tarde este juicio penal, dependerá del cúmulo de trabajo del Ministerio Público ya que no cuenta con el personal necesario para realizar para realizar sus actividades rápidamente, sin embargo, calculó que esperan se pueda desahogar en un término de 6 meses, mientras tanto, dijo, de su parte se aportarán los elementos necesarios para agilizar la investigación, aunque aclaró, puede pasar más tiempo si los denunciados inician con poner excusas para no comparecer y ganar tiempo, pero, dijo, trataran de que esto no suceda para que en un plazo de 6 meses se pueda tener algún resultado, concluyó.
Se trata pues de una denuncia por el ejercicio indebido de funciones al realizar actos y convenios a favor de particulares que distraen cantidades por más de 47 millones de pesos a favor de algunos empresarios de Bahía de Banderas, en este caso, del ingeniero, Jorge Olvera Corona, por el pago de 37 millones de pesos por la obra del Sistema de Riego Automatizado de la carretera 200 y Graciano Sovernigo Cavallín, quién solicitó la devolución de una donación que hizo al Ayuntamiento bajo el argumento de pago indebido, pero para que procedan los pagos indebidos, tiene que declararse que ese pago fue en base a alguna determinación del propio Ayuntamiento y esa determinación debió haber sido anulada, pero en esta caso, fue un acuerdo mutuo entre el empresario y el Ayuntamiento donde expresan su voluntad y nunca fue anulado ese convenio que fue lo que motivó realizar ese pago, por lo tanto, no resulta con el carácter de indebido.