- Los seis ediles panistas, coinciden tras auditoría a luminarias por Miguel Ángel Rodríguez Curiel, alcalde Salvador González y síndico, Fernando Castro no quisieron fincar responsabilidades contra Javier Bravo y Aurora Arreola por la afectación a erario
Por Mauricio Lira Camacho
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Ignacio Guzmán, Ricardo Uribe, Dulce María, Ana Karina Cibrián, Julio Santana y Héctor Gallegos, coinciden que hay sustento legal en su denuncia penal de hechos, contra Javier Bravo y Aurora Areola, para que se les finquen responsabilidad, debido al quebranto financiero de las arcas por 17 millones de pesos en el caso de las luminarias en la segunda etapa del programa rescate del centro de Puerto Vallarta.
Los seis ediles de oposición en el pleno, se presentaron este miércoles en la PGJE, para presentar la denuncia penal correspondiente, en el caso de presunta corrupción en el proceso de las luminarias, en donde la auditoría de la contraloría municipal, presentó en su informe este año, hay elementos de acusación contra quienes quebrantaron las arcas del municipio.
Ignacio Guzmán García comentó que esta denuncia penal de hechos contra Javier Bravo Carbajal y Aurora Arreola, es una consecuencia de un auditoría que se practicó por parte del contralor municipal, Miguel Ángel Rodríguez Curiel, en el caso de las luminarias proceso en el trienio anterior poco transparente que causó una afectación al erario por 17 millones de pesos.
Dijo que todo lo anterior como parte de un programa de cambio de luminarias, el cual se tuvo a finales del 2008 y principios del 2009, pero que no fructificó.
Programa de aportación de recursos de los tres niveles de gobierno, para cambiar luminarias en la parte céntrica de la ciudad dentro de la segunda etapa del proyecto.
De esa auditoría se desprende que hubo muchas irregularidades delitos que no solamente pudieran ser de índole administrativo sino penal.
La recomendación que hace la contraloría al presidente municipal, Salvador González, y al síndico, Fernando Castro es que procedan a fincar responsabilidades correspondientes, para reparar el daño.
Ese quebranto es real, porque este año el gobierno municipal regresó a la secretaría de turismo federal, 5 millones de pesos, más intereses en un proceso amañado de origen.
Hubo desvío de los términos en una licitación que debió haber sido correcta.
Ante la negativa del alcalde y el síndico, para proceder en fincar responsabilidad y asumir esa ese compromiso, es que los ediles de AN, “decidimos presentar la denuncia penal”.
Es nuestra obligación, dijo Nacho, no tiene ningún sesgo de protagonismo es por una recomendación de una auditoría interna que se hizo.
Agregó que esta auditoría tiene el peso legal se manifiesta, “el contralor recomienda las acciones y menciona los artículos que se violentaron”.
Por su parte, la regidora Ana Carina Cibrián, dijo que esta acción de la denuncia penal, es una obligación como representantes del pueblo cuidar los recursos que son de la ciudadanía.
Entonces, “nos habíamos tardado pero estamos aquí para presentarla”, cabe destacar que desde mayo de este año, los ediles de AN habían anunciado esta acción legal.
Entrevistado también en las instalaciones de la PGJE, el edil Héctor Gallegos de Santiago, mencionó que se espera se finquen responsables.
Esto servirá también como un acto de prevención, en contra de los gobiernos que vengan emanados de cualquier partido y el mensaje es que “ya no estamos para tolerar actos de corrupción”.
Estamos esperando también el resultado de la otra auditoría respecto al tema de pensiones del estado, recursos que son de los trabajadores y que fueron desviados por la ex tesorera Aurora Arreola y su sobrino Javier Bravo.
Finalmente, para Dulce María Flores, esta denuncia es prueba fehaciente de coherencia de los ediles de AN, encontramos elementos suficientes luego de la auditoría practicada por el contralor municipal.
Auditoría que da cuenta del proceso para compromete la compra y en el ejercicio de la adquisición de luminarias, entre otros delitos.
Daño patrimonial de 17 millones de pesos, lo que buscamos dijo es que se repare el daño y se tipifique el delito se castigue a los responsables.