Por Licenciado Mauricio Lira Camacho
NOTICIASPV
Circo, Maroma y Teatro
Eso fue el informe, un alcalde que usó media de hora de video para mostrar abrazos y apapachos con niños y abuelitos, que bueno pero es dinero de programas sociales del Estado y federación.
Además el tiempo mediante el cual habló fue para agradecer a Emilio González y diputados locales así como federales los apoyos para dichos programas y obras como los puentes y el del colapso del Ameca.
Fue un informe de nervios, Salvador González batalló mucho para poner orden en los micros que le estaban haciendo pasar un mal momento, nadie le ayudó a salir de ese detalle.
Al informe tuvieron que llevar al mariachi Continental para amenizar un largo aburrimiento.
La gente fue acarreada, desarrollo social fue la encargada, no hubo mención a problemas graves como el basurero del Magisterio ni a la recolección de residuos.
Mucho menos a los hoyos baches y pésimo estado de las vialidades, destrucción de la montaña, crecimiento anárquico en materia de desarrollo urbano y demás.
Por si fuera poco, tampoco habló de su iniciativa que aprobaron los legisladores priistas, de instrumentar un impuesto especial al consumo de agua por más de 20%, a partir del 2011.
No habló de la corrupción que impera en reglamentos y oficialía mayor de padrón y licencias.
Habló del descalabro económico que encontró pero no de fincar responsabilidades.
Y ante tantas desilusiones para siempre, el acarreo y las porras fueron el mejor eco en un Teatro Vallarta que lució blindado.
La cereza en el pastel, fue que los regidores de Acción Nacional, los seis del bloque no acudieron a escuchar mentiras y discurso barato.
En fin, acaba el 2010 con un mal sabor de boca.
Pasemos a otro tema, el de los espectaculares en donde me envían el siguiente correo mismo que reproduzco tal cual.
El apoderado especial de la empresa de anuncios espectaculares en Puerto Vallarta, Jalisco licenciado Julio Cesar González Ortiz presentó denuncia penal ante la delegación regional de justicia de esta ciudad en contra de el alcalde Salvador González Reséndiz y los funcionarios municipales de nombres Ana Margarita Hurtado Torres, Katia Vargas Guillen, José Alejandro Arias García, Gerardo Martin Castellanos , Flavio Navarro Martin y quien o quienes resulten responsables, por su probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el articulo 146 fracciones I, IV y VII del código penal para el estado de Jalisco.
Así como el cuerpo del delito de delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público previsto y sancionado por el artículo 154 fracciones V, VII y XII del código penal para el estado de Jalisco
Así como de la comisión del cuerpo del delito de robo en su modalidad de calificado previsto y sancionado por el artículo 233 en relación al 236 fracciones I, XII y XIII del código punitivo para el estado de Jalisco, así como del cuerpo del delito de daño en las cosas previsto y sancionado por el artículo 259 del código penal para el estado de Jalisco, de igual forma del cuerpo del delito de despojo de inmuebles previsto y sancionado por el artículo 262 fracción i, del código penal para el estado de Jalisco.
Lo anterior derivado de la actuación de dichos servidores públicos, quienes en días pasados y no obstante existir una suspensión provisional, otorgada por la sexta sala unitaria del tribunal de lo administrativo del poder judicial del estado de Jalisco, misma que fuera otorgada dentro del expediente 221/2010 y la cual impedía entre otros al titular de protección civil municipal, y le ordenaba abstenerse de realizar acto alguno que atentara contra dichas estructuras consistentes en anuncios espectaculares propiedad de dicha empresa.
No obstante dicho mandato judicial, los funcionarios ahora denunciados fraguaron juicios ante la juez municipal Ana Margarita Hurtado Torres, quien según se investiga, actuó por orden directa del primer edil, de igual forma actuó el titular de protección civil municipal, quien exhibiera dictámenes apócrifos a decir del denunciante, con los cuales pedía se removieran dichas estructuras, incurriendo ante ello en un desacato a una autoridad superior, e incurriendo el resto de los funcionarios participantes en la comisión de diversos delitos que ahora se investigan, delitos los cuales pueden incluir como sanción, incluso la destitución del cargo e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por seis años.
La denuncia no es nada personal contra ninguno de los servidores públicos, es mi trabajo al representar a la ofendida, y por tal motivo denuncio hechos, será el ministerio publico quien se encargue de acreditar si en la actuación de los mismos se da la comisión de los delitos que a mi juicio y criterio si se tipifican.
Por lo que esperamos ver en qué forma se integra esta nueva denuncia el nuevo delegado de la procuraduría general de justicia del estado de Jalisco en esta ciudad.
Hasta aquí el texto por lo que una nueva denuncia está en puerta.
Mau