*Este jueves la PGR dio a conocer a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que encontró restos…
MÉXICO, DF (apro).- Este jueves la PGR dio a conocer a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que encontró restos óseos de dos personas en un lugar llamado Canal Grande, cerca del basurero de Cocula, Guerrero, y que junto con integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició ya el proceso pericial para su identificación.
Este jueves, en una reunión de trabajo entre la procuradora general de la República Arely Gómez, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se presentaron los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En presencia de Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, la PGR insistió a los padres de los normalistas que la investigación continúa abierta, y sobre los operativos de búsqueda destacó el realizado entre el 11 y el 13 pasados en zonas aledañas a los municipios de Iguala y Cocula, donde a partir de la utilización de tecnología de última generación se localizaron los restos óseos de dos personas.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, confirmó que los restos óseos localizados en Canal Grande ya son analizados por el equipo argentino, y agregó que la PGR les informó que fuerzas federales hicieron un operativo el pasado 25 de diciembre en una de las casas de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, presunto lugarteniente de Guerreros Unidos, quien supuestamente ordenó la ejecución de los normalistas.
En ese lugar, agregó, la PGR supuestamente recabó “indicios”, pero no les revelaron más detalles.
Por ello, al término de la primera reunión de evaluación desde que se puso en marcha la Unidad Especializada para la Investigación del Caso Iguala de la PGR, abogados de las 43 familias afectadas, entre ellos Vidulfo Rosales Sierra y Santiago Aguirre Espinosa, de los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Agustín Pro Juárez, consideraron “positivo” el encuentro.
En entrevista, los abogados reconocieron que si bien los padres de familia consideraron “mínimos” los avances de la investigación, sus defensores reconocieron que aunque “hay frustración” porque no se ha localizado a los jóvenes, durante el último mes se han practicado diligencias que no se habían realizado.
Enseguida enlistaron ocho puntos que le fueron planteados a la procuradora Arely Gómez en el encuentro, en el que también estuvieron el subprocurador de Derechos Humanos Eber Betanzos y el titular de la Unidad, José Aarón Pérez Carro, así como los expertos colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia.
Entre las diligencias realizadas a partir del 27 septiembre pasado, un año después de la desaparición de los normalistas, los funcionarios se refirieron a la búsqueda de evidencias en Iguala, en el rancho de uno de los líderes de grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, así como operativos en Tianquizolco y en las inmediaciones del basurero de Cocula, donde se encontraron “dos cadáveres que se están analizando hoy”.
Rosales agregó que los funcionarios dieron cuenta de la adquisición de drones acuáticos y aéreos, así como aviones no tripulados para la búsqueda, información que para los padres “son mínimos avances, aparte de que va lento el asunto, sobre todo en la presentación con vida de los chavos, como víctimas, así lo ven”.
El abogado contó que, en el encuentro, Buitrago y Valencia intervinieron para “mediar un poco, ante los duro señalamientos de los padres, y señalar que considerando el poco tiempo que lleva operando la Unidad, un mes aproximadamente, ellos consideraban que sí había avances”.
De acuerdo con los abogados, la procuradora se comprometió a analizar y dar respuesta a los puntos planteados en los que tiene injerencia directa la dependencia, en tanto que se mantendrían pendientes dos temas en los que tienen que dar respuesta, además, la Secretaría de Gobernación y la SRE.
Santiago Aguirre explicó que ante la petición de los padres de que los integrantes del GIEI tengan participación activa en el interrogatorio a 27 soldados del 27 Batallón de Infantería, “la procuradora dijo que era un asunto que estaba siendo analizado por la Segob”.
Otro de los puntos que la procuradora alegó que no depende sólo de la PGR, agregó Aguirre, se refiere a una petición de los familiares por lo que consideran “una campaña de desprestigio basada en falsedades” para afectar a algunos integrantes del GIEI.
“Los padres y madres le recordaron a la procuradora que en las reuniones ella no ha escatimado en reconocer los aportes del GIEI, que ha comprobado la calidad moral y técnica de los expertos, además de que el propio Estado pidió el GIEI y aceptó la forma en que está conformado, por lo que ellos esperan es que el Estado defienda al GIEI”, narró.
Agregó que en ese punto los padres demandaron un pronunciamiento público de la procuradora en defensa del GIEI, a lo que Gómez pidió tiempo para consultarlo con Segob y la Cancillería, por ser estas dependencias las que también avalaron su conformación.
Tras señalar que la próxima reunión de evaluación está programada para el lunes 18, los abogados señalaron que los puntos que quedaron bajo análisis se refieren a que la Unidad conozca de las averiguaciones previas que tienen conexión con el caso, y que están en manos de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), así como autorización para interrogar a presuntos responsables que estén involucrados, por ejemplo con Guerreros Unidos o Los Rojos, así como copias de las tres causas penales abiertas en Matamoros, Tamaulipas, que involucran a los presuntos partícipes de la desaparición.
Aunque los padres consideraron innecesario un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, puntualizaron que, de ser ineludible, deben seguirse los lineamientos del GIEI para llevarlo a cabo; además, que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes, y que el equipo argentino participe en cada hallazgo de restos humanos realizado por la PGR, así como retirar de la página web de la dependencia toda referencia a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, es decir, conferencias y boletines de prensa