Ciudad de México • El Senado discutirá en su sesión de hoy la creación de la nueva la Fiscalía Nacional Contra la Corrupción, como un órgano autónomo con facultades de investigación para fincar responsabilidades penales a quienes cometan delitos relacionados con la corrupción, las cuales se iniciarán de oficio, y podrían aplicarse a funcionarios de todos los niveles y de los tres poderes de la Unión.
El dictamen de reformas constitucionales al artículo 102 se encuentra inscrito en la Gaceta Parlamentaria, elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y en éste se propone que el fiscal será ratificado por el Senado en votación calificada, pero también podrá ser removido por esta cámara. Durará en el cargo 8 años y se podrá reelegir por una sola ocasión.
Se especifica que corresponde a la Fiscalía la persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita y será de oficio, por tratarse de delitos contra la economía nacional.
La fiscalía podrá perseguir a cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos.
Por lo mismo, le corresponderá solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.
El Fiscal Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
Se contempla la creación del Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos que incluye los registros de los Poderes de la Unión, de las entidades, de los municipios y de los organismos constitucionalmente Autónomos, “al cual tendrá acceso sin restricción alguna la fiscalía; dicho Registro se organizara en los términos de la Ley correspondiente”.
En entrevista, el senador panista y autor de la iniciativa, Ricardo García Cervantes, aseveró que a diferencia de la Secretaría de la Función Púbilca, esta fiscalía perseguirá de oficio todos los delitos de corrupción que cometan funcionarios y personas o entes privados, para acabar con la impunidad afecta las arcas nacionales.
En el dictamen se hace notar que según estimaciones del Banco Mundial, el problema de corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 punto porcentuales por año, lo que agrava la pobreza y la desigualdad.
Por ello, se pretende elevar a nivel constitucional la persecución de los delitos de corrupción y del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya que atentan contra la economía nacional.
En el dictamen se afirma que la corrupción no solamente conduce a la delincuencia política e institucional, sino que fomenta el crimen organizado.