* Enrique Téllez, el abogado asesor de la reidora, Mariel Duñalds Ponce, señala que el Pleno del VIII Ayuntamiento, violó la Constitución. Los procedimientos administrativos tienen una vigencia para aplicar una sanción y tampoco lo tomaron en cuenta, por lo tanto, de manera ilegal resolvieron una sanción sin dar al gobernado garantía de audiencia y de defensa, una sanción que tampoco justificaron con algún argumento jurídico, por lo tanto carece de sustento legal, asegura
Por Paty Aguilar
El abogado, Enrique Téllez, asesor jurídico de la regidora, Mariel Duñalds Ponce, del VIII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, opinó en relación al acuerdo de Cabildo aprobado este sábado 31 de marzo 2012, que prohíbe a Ismael Duñalds Ventura, tener acceso a las Sesiones Ordinarias de Cabildo del Ayuntamiento. En términos jurídicos explicó “cada uno de los actos que comete un civil, y es sancionado por una autoridad, debe de tener legitimado un procedimiento de defensa y en este caso con argumentos del Síndico Municipal, que manifestó que había sido violentado en otra Sesión, solicitó al Pleno del Cabildo que impusiera una sanción que es desalojar del recinto al señor Ismael Duñalds, por lo que al no realizarse ningún procedimiento en el que él pudiera defenderse, se violentaron sus garantías constitucionales, ahora llamadas derechos humanos.” Señaló.
En este mismo sentido dijo “Por lo tanto, el Pleno del VIII Ayuntamiento, violó la Constitución. Los procedimientos administrativos tienen una vigencia para aplicar una sanción y tampoco lo tomaron en cuenta, por lo tanto, de manera ilegal resolvieron una sanción sin dar al gobernado garantía de audiencia y de defensa, una sanción que tampoco justificaron con algún argumento jurídico, por lo tanto carece de sustento legal” acotó.
Manifestó que si así lo desea el señor Ismael Duñalds Ventura, quién por acuerdo de Cabildo no podrá entrar a las Sesiones de Cabildo, podrá promover un amparo a efecto de revocar ese mandato y él pueda continuar presentándose a dichas sesiones sin menoscabo de sus derechos constitucionales, ya que las Sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo son públicas por ley.
En este caso, recordó que durante la Sesión de Cabildo donde se aprobó dicho acuerdo, los ediles fueron advertidos por la regidora Mariel Duñalds, que el procedimiento que estaban siguiendo estaba fuera de la legalidad, y cuando se es consciente el actuar fuera de la legalidad y así se toman posturas de abuso de autoridad, se incurre en responsabilidad de acuerdo al código penal y en este caso sería el abuso de autoridad contra los regidores que aprobaron dicho acuerdo, pero esto, aclaró, depende únicamente del ofendido el proceder en ese aspecto” concluyó.