El Senado de la República aprobará mañana la Ley contra Lavado de Dinero, atorada en el vaivén legislativo desde 2010, con el objetivo de que México mejore su posición en la certificación internacional que hará a partir del 14 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en inglés).
La Procuraduría General de la República informó a los legisladores que el lavado de dinero asciende a 10 mil millones de dólares al año. Pero según un estudio del vicecoordinador del PRI, senador Arturo Zamora Jiménez, la cifra podría llegar a 45 mil millones de dólares al año, lo anterior con base en la firma estadounidense No Money Laundering.
Según datos de los legisladores involucrados en la negociación de la ley, México ocupa el número dos en cuanto al flujo de dinero ilícito en el mundo.
PRI, PAN y PRD alcanzaron un acuerdo para sacar adelante esta nueva ley con la cual se busca minar el poder financiero del crimen organizado. Ayer, en comisiones se aprobó la minuta en lo general por unanimidad. La ley será votada en el pleno del Senado, como un mero trámite, a fin de que sea enviada directamente al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Zamora Jiménez explicó que esta ley permite supervisar a entes privados y obligarlos a informar a las autoridades federales cualquier actividad que resulte sospechosa en aquellas “actividades vulnerables” al lavado de dinero, como los juegos, apuestas y sorteos, compra-venta de inmuebles en efectivo que superen el millón de pesos; la compra-venta de joyas, metales preciosos, relojes y obras de arte en efectivo que superen los 300 mil pesos; la renta de autos blindados, entre otros.
Con la nueva ley, se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada en la PGR, que tendrá la responsabilidad de elaborar reportes sobre operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero, la creación de mecanismos de análisis de la información financiera y contable.
También deberá generar sus propias herramientas de inteligencia para investigar los patrones de conducta relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El nuevo ordenamiento exige a los joyeros, corredores, notarios, abogados y bancos, como corresponsables en la persecución de este este delito, elaborar y observar una política de identificación de sus clientes, que incluya la integración y conservación de un expediente de identificación de cada uno de ellos con información y documentación sobre su identidad y demás datos generales. Y también las asociaciones civiles deberán reportar donativos que reciban por altos montos.
Empresarios o civiles que estén involucrados en lavado podrían recibir una multa de 623 mil 300 pesos hasta 4 millones 51 mil pesos, o en su caso del 10 hasta 100% del valor del acto u operación. Éstos deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda a más tardar el día 17 del mes inmediato a la operación que pueda generar algún tipo de duda.
Otras actividades sujetas a supervisión por parte de las autoridades son la comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios, de crédito o de cualquier otro instrumento que sea usado como medio de pago para la adquisición de bienes o servicios o para la disposición de efectivo; la emisión de cheques de viajero y operaciones de otorgamiento de préstamos.