CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo.- La tasa de impunidad para castigar los homicidios a escala nacional rebasa el 80 por ciento; es decir, menos de dos de cada diez asesinatos tienen una sentencia condenatoria; los demás no son castigados, según reportes de investigadores y especialistas de la Organización México Evalúa.
Especialistas y organizaciones no gubernamentales coinciden en que ha crecido la impunidad en nuestro país por la debilidad institucional y un sistema ineficaz de justicia que ha provocado que los delitos de alto impacto no se castiguen, sobre todo el homicidio, delito considerado como uno de los mayores flagelos en nuestro país.
Al entregar un documento con cinco indicadores de debilidad institucional, denominado Seguridad y justicia penal en los estados se precisa que el homicidio con castigo, el sistema penal, la constante violación a los derechos humanos, la falta de investigación del Ministerio Público y policial, y la falta de prevención y castigo a los delitos denominados de alto impacto social mantienen a la sociedad en situaciones de impunidad y de injusticia.
Según el estudio, los homicidios intencionales en el país, entre 2009 y 2011 crecieron más de 600 por ciento, concentrándose en cinco entidades el mayor número donde se han registrado asesinatos sin castigo.
Se precisa que a escala nacional, durante 2010 se perpetraron 21 mil 046 homicidios y sólo se obtuvieron tres mil 614 condenas, lo que significa que 80.6 por ciento de los homicidios intencionales quedaron impunes.
Los especialistas de Mexico Evalúa precisaron que la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes se incremento en 20.6 por ciento entre 2009 y 2010, y 5.6 entre 2010 y 2011.
Según la organización México Evalúa, la situación es aún más delicada en cuatro entidades federativas, ya que el grado de impunidad en este delito fue superior a 90 por ciento durante 2010. Es el caso de Chihuahua con 96.4 por ciento, en segundo lugar Durango con 95.4 por ciento, en tercer lugar Sinaloa con 93 por ciento, y Guerrero con 91.5 por ciento.
El documento precisa que en los dos casos más graves, los de Chihuahua y Durango, la capacidad de las autoridades para resolver estos crímenes se redujo más de 30 por ciento ante el incremento de homicidios de ese año.
Según cifras de los especialistas en 2011 se cometieron 22.7 millones de delitos y hubo 17.8 millones de víctimas.
El análisis realizado por especialistas también señala que urge una mayor efectividad por parte de las procuradurías locales, ya que en 29 estados, el Ministerio Público resuelve menos de cada 10 denuncias interpuestas, y en 17 entidades sólo se cumplimentan alrededor de tres órdenes de aprehensión por cada 10 que son ordenadas por un juez.
Los especialistas abordaron también la debilidad que presenta el sistema penitenciario a escala nacional, precisando que sólo se castiga 12 por ciento de los delitos graves; es decir, las condenas que se dictan en el país corresponden a delitos por homicidio, violación o robo con violencia. Es decir, 88 por ciento de la población penitenciaria se encuentra acusada por delitos menores como el robo, estableciendo que en la mayoría los reos están purgando condenas por montos menores a los cinco mil pesos.
Alejandro Martí, presidente de México SOS; Julián LeBarón, activista social; Ernesto López Portillo, director ejecutivo de INSYDE; Guillermo Zepeda Catedrático del ITESO; Elena Azaola, investigadora de CIESAS; Héctor Larios, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, y Edna Jaime, directora general de México Evalúa coincidieron en que “tenemos un sistema incapaz de administrar y proveer justicia; no cumple con su función esencial.
“El Estado mexicano, cuya razón de ser elemental es la justicia y la provisión de las condiciones de seguridad está fracasando en su tarea y no vemos a los actores relevantes avanzar reformas o cambios necesarios”.