- Sergio Arturo Grajeda Ramos, dejó entrever denuncia tiene elementos para investigar presuntos delitos, por lo que asignarán número de averiguación previa ante MP y ediles panistas serán llamados en enero a ratificar móviles contra ex alcalde y ex tesorera
Sergio Arturo Grajeda Ramos, delegado de la Procuraduría General de Justicia en Puerto Vallarta, recibió a los seis regidores panistas, Ignacio Guzmán García, Julio Santana, Héctor Gallegos, Ricardo Uribe, Ana Carina Cibrián y Dulce María Flores, quienes presentaron la denuncia penal de hechos en contra de Javier Bravo Carbajal y Aurora Arreola, quienes causaron una afectación al erario municipal por un orden de 17 millones de pesos, en el caso de las luminarias, lo que ha ocasionado que en la presente administración, se hayan tenido que regresar 5 millones de pesos a la secretaría de turismo federal y se corra el riesgo de desembolsar otra cantidad similar al estado.
La presentación de la denuncia fue a las 12:30 horas de este miércoles en las instalaciones de la PGJE.
Los ediles fueron recibidos por el propio delegado a quien conminaron se siga el cauce legal correspondiente.
Esta denuncia penal es en contra de Javier Bravo Carbajal, ex alcalde y su pariente tesorera, Aurora Arreola Ureña así como de varios servidores públicos que ocuparon titularidad en obras públicas, turismo, proveeduría, principalmente.
En menos de 30 minutos que duró la entrevista entre ambas partes, el delegado comentó que con el expediente que le entregan, hay elementos para iniciar el proceso con la adjudicación de un número de averiguación previa ante el ministerio público y en los primeros días del mes de enero, los regidores antes citados serán llamados a ratificar la denuncia penal.
De acuerdo con Ignacio Guzmán García, coordinador de los regidores panistas, el abogado Juan Diego Ocampo, fue quien elaboró el sustento legal para presentar la denuncia penal de hechos.
Fue Julio Santana, quien explicó al delegado de la PGJE que se trata de una denuncia penal, derivado de una auditoría que realizó sobre el tema de las luminarias el actual contralor municipal, Miguel Ángel Rodríguez Curiel, en la que arrojó que existen elementos para fincar responsabilidades por los hechos que se denuncian.
Esta denuncia, dijo Julio, es en contra del pasado gobierno encabezado por el entonces presidente municipal, Javier Bravo Carbajal, ex tesorera Aurora Arreola y otros funcionarios, con base a un dictamen emitido por el contralor municipal, de una auditoría en la que hace constar desvío de recursos económicos federales en una adquisición de luminarias.
Proceso que no se adjudicó a la licitación como lo marca ley, por lo que hay observaciones en las que hacen constar pruebas de presuntas irregularidades.
Se detectó por ejemplo, dijo Santana que había un proveedor único para la compra de luminarias en todo el país, inflaron los precios y en la misma auditoría de la contraloría municipal, se especifica de manera desglosada, que se pagó un cheque por varios millones de pesos a una persona física, lo cual es contradictorio.
La afectación al erario de manera global, explicó es por un monto de 17 millones de pesos, con una inflación de precios de un 60%.
Se trata de los recursos que estaban etiquetados para gastar en la segunda etapa del rescate histórico del centro de Puerto Vallarta.
Programa del estado en el que se integran 5 millones de pesos, 5 millones de pesos de la federación y 5 millones de pesos municipales.
Se compraron las luminarias, con sobre precio, fueron 300 de más, y la federación exigió el regreso de esos 5 millones de pesos debido a que la licitación no fue transparente.
La licitación habla de una empresa y el pago del cheque del ayuntamiento fue a una persona física, señaló.
Tal vez, se tengan que reintegrar otros 5 millones de pesos al estado de Jalisco, bajo el mismo tenor.
Porque está mal hecha la compra y hay 304 luminarias arrumbadas en un bodega.
Además, las luminarias no correspondían a la decoración del centro, ya que éstas son modernas que no cumplían con los requisitos que exigía el programa.
Héctor Gallegos de Santiago, señaló que esta denuncia parte de la auditoría de la contraloría municipal en la presente administración en la que se sustentan los datos que demuestran hay elementos para fincar responsabilidades.
Incluso marca una petición donde se señala el daño que tuvo el ayuntamiento y en uno de sus apartados existe la recomendación para emprender la denuncia penal.
Esto es un daño patrimonial y agregó el edil panista que esta acción debió haberla emprendido el síndico actual y no lo hizo.
Esto es un daño patrimonial y no ha sido requerido todavía el estado, para que el municipio regrese otros 5 millones de pesos.
Tras escuchar los comentarios de los regidores, el delegado de la PGJE, dio entrada a la denuncia penal de hechos, por lo que dejó entrever hay delito que perseguir, debido a lo anterior, será integrado el expediente a una averiguación previa del MP y los ediles serán llamados en enero a ratificar lo presentado.