*El Senado analiza cuál es el presupuesto base con el que el nuevo sistema en la materia puede empezar a operar…
CIUDAD DE MÉXICO.
El presidente del Senado, Pablo Escudero, anunció que esta instancia legislativa analiza una propuesta para fondear con recursos suficientes el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pues es evidente que el recorte presupuestal propuesto para 2017 toca de manera considerable esta tarea.
Hace sólo dos semanas, organizaciones sociales como Fundar, Transparencia Mexicana y el Laboratorio de Políticas Públicas informaron al Senado que se requiere de 63 mil millones de pesos para operar todo el sistema anticorrupción, pero la Secretaría de Hacienda propone sólo un aumento de 121 millones 450 mil pesos para dos instituciones y abrir así la operación del sistema.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá sólo 85 millones 340 mil pesos más el próximo año, para implementar sus nuevas facultades en materia anticorrupción; en tanto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrá un aumento de 36 millones 200 mil pesos, también para atender sus nuevas tareas anticorrupción, lo cual implica que la previsión de la Secretaría de Hacienda para el próximo año es que el Sistema Anticorrupción tendrá sólo 121 millones 540 mil pesos para arrancar.
Éstas son las dos únicas instituciones que, de manera expresa, tienen recursos para la atención de la tarea anticorrupción, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas en el documento.
Fuera de ellas, la Secretaría de la Función Pública, que es el tercer pilar del sistema, tendrá un recorte de 112 millones 600 mil pesos, y no existe en ningún capítulo alguna previsión para la creación del sistema y sus comités, que serán los que le darán forma.
Hace tres semanas, durante una conferencia de prensa en el Senado, integrantes de organizaciones civiles que han acompañado al Poder Legislativo en la discusión de las leyes anticorrupción, como Fundar, Transparencia Mexicana y Laboratorio de Políticas Públicas, entre otras, expresaron su preocupación de que el recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se prevé para 2017, toque el nacimiento del sistema anticorrupción.
José Luis Chicoma, del Laboratorio de Políticas Públicas, informó que se hizo un ejercicio para detectar cuánto dinero se necesita para implementar el sistema, y es un aproximado de 63 mil millones de pesos; sin embargo, dejó en claro que se trata de un cifra que no es precisa, porque el cálculo se hizo de manera rudimentaria, sin todos los elementos de cálculo presupuestal oficial.
De esta forma, el aumento de sólo 121 millones 540 mil pesos que Hacienda propone para este esfuerzo anticorrupción es evidentemente inferior a los requerimientos.
Pablo Escudero informó ayer, mediante un comunicado de prensa, que examina el alcance y composición que debe tener la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, y el presupuesto piso con el cual pueden empezar a operar, pues resulta indispensable considerar la asignación de recursos.
Recordó que en ella se deberá considerar un secretario técnico, un área de elaboración de políticas públicas, un área de control y evaluación, un área específica avocada a las Plataformas Digitales Nacionales, un área de vinculación con el Comité de Participación Ciudadana y un área de coordinación técnica de los integrantes del Sistema Nacional; además de las áreas administrativas y de asuntos jurídicos, así como su órgano interno de control.
En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, informó por medio de un comunicado de prensa, que su grupo parlamentario desarrollará otras reformas para poner mayor control a actos de corrupción de gobernadores.
Cabe recordar que el pasado 18 de julio, cuando se promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Peña Nieto señaló que éste nacía con la finalidad de servir a los ciudadanos y para dar respuesta a todas las demandas de los ciudadanos,ya que dijo reconocer el clamor de los mexicanos a una sociedad más justa, libre de corrupción y en la que se pueda reconocer a las autoridades como integras.