*Investigadores lograron comprobar lo simple que resulta acceder a material radiactivo en suelo estadunidense…
CIUDAD DE MÉXICO.
Estados Unidos enfrentó recientemente la posibilidad de un desastre causado por una bomba atómica “sucia”.
El estallido de un artefacto de ese tipo, constituido por explosivos convencionales de alto poder y recargado con material radiactivo, especialmente de desechos, haría inhabitable por años el centro de una ciudad, sin contar con las víctimas que pudiera haber provocado al hacer explosión.
La buena noticia para los estadunidenses es que el grupo “terrorista” que se propuso hacer la bomba estaba formado en realidad por investigadores de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), el brazo investigador del Congreso estadunidense.
La mala noticia es que en el curso de una operación que duró un año, los investigadores lograron adquirir legalmente todos los materiales necesarios para su “bomba”, gracias a que consiguieron los permisos requeridos –también legalmente– de oficinas federales o estatales.
La noticia peor es que la operación era un seguimiento de una investigación similar hecha hace nueve años, donde al igual que en esta ocasión lograron los permisos en el estado de Texas y estuvieron en posibilidad de adquirir los materiales necesarios, sin mayor problema. Y eso que Estados Unidos se encontraba, como ahora, enfrascado en una guerra con grupos terroristas como Al-Qaeda
–ahora el Estados Islámico– y la memoria de los atentados del 11 de septiembre de 2001 estaba aún fresca.
De hecho, parte de su investigación puso de relieve que, otra vez en Texas, un inspector de la comisión estatal entregó un permiso para la adquisición de material nuclear, luego de visitar un galerón vacío en un parque industrial cerca de la ciudad de Dallas. Ahí, los “representantes” de la empresa peticionaria, una compañía “fantasma” especialmente creada para el operativo, le prometieron pondrían todas las medidas de seguridad una vez que tuvieran la licencia debida.
De acuerdo con el Centro de Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés), una ONG de Washington que se especializa en seguir o hacer reportajes de investigación encubierta, “el documento (texano) de dos páginas autorizó a la empresa para comprar el material radiactivo sellado en una cantidad menor que la necesaria para cualquier propósito nefasto”.
Peor aún, agregó, la licencia otorgada en el terreno “no requería copias que debieran mantener en una base gubernamental de datos fácilmente accesible. Así que después de usar la licencia para colocar una orden, el equipo simplemente hizo una copia digital y cambió las cantidades permitidas, lo que le permitió realizar un nuevo pedido con otro vendedor por el doble de la cantidad original.
La empresa fantasma argumentó que necesitaba del material, americio en concreto, para fabricar una válvula que se usa en medidores para la exploración en busca de petróleo o gas natural.
“Yo no diría que hicimos nada sofisticado”, dijo Ned Wooward, el autor del proyecto de la GAO, en una conversación con el CPI.
Teóricamente al menos hubiera debido ser difícil. La compra de materiales radiactivos letales, incluso los moderadamente peligrosos requiere una licencia de la Comisión Nuclear Regulatoria (NRC), que pide a los solicitantes demostrar que tienen una necesidad legítima, entender las normas de seguridad y pasar una inspección de su equipo y sus instalaciones.
Pero los investigadores de la GAO descubrieron que en realidad fue sorprendentemente simple, en uno de tres intentos.
Buena parte del éxito fue que en vez de enviar la solicitud a Washington la hicieron en Texas.
Y si bien es cierto que tardaron algo más de un año en su meta de reunir el material, las recompensas en términos de daños y de impacto sicológico serían enormes, desde un punto de vista terrorista.
“Un ataque terrorista con una bomba “sucia” en Estados Unidos es posible, tal vez incluso moderadamente probable, pero no mataría a mucha gente”, indicaron dos especialistas de la Universidad del Sur de California (USC) citados en el estudio, que fue realizado con el asesoramiento de científicos y expertos en contrainteligencia del gobierno estadunidense. “En cambio, este tipo de ataque principalmente daría lugar a consecuencias económicas y sicológicas”.
De acuerdo con el análisis, “la explosión podría ser letal para una persona cercana, o para los primeros elementos del personal de emergencia en llegar. Sin embargo, la limpieza de la zona contaminada costaría miles de millones de dólares, y tomaría alrededor de un año en el escenario examinado por los autores del estudio: una bomba sucia en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que juntos constituyen el tercer puerto más ocupado del mundo”.
En el peor de los casos, consignó el reporte de la GAO, “el daño económico resultante podría superar 250 mil millones de dólares”.
El CPI destaco que en 2007, los investigadores del GAO hicieron lo mismo: crearon una empresa fantasma, obtuvieron licencias para adquirir material radiactivo de bajo nivel y alteraron los permisos para adquirir cantidades mayores. En ese entonces, la NRC prometió acción para corregir las debilidades identificadas.
La idea en 2014-15, precisó el CPI, era determinar si había habido acciones correctivas y se adoptaron medidas para cerrar las vías abiertas para hacer tuna bomba “sucia”.
El reporte del GAO y el comentario del CPI respondieron: No.
Las compras del equipo investigador nunca se completaron, pero si lo hubieran hecho su grupo habría tenido suficiente material radiactivo para crear el tipo de bomba “sucia” que los terroristas pueden tratar de hacer, señaló David Trimble, director de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la GAO y el jefe del equipo.