*Resulta difícil pensar que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Presidente Peña contra las estrategias de los gobernadores de…
Resulta difícil pensar que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Presidente Peña contra las estrategias de los gobernadores de Q. Roo y Veracruz, Roberto Borge y Javier Duarte, para blindarse, no sean interpretadas como una clara señal de dónde se quiere ver a estos últimos: en la cárcel. Ya nada podrá impedir que el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes, por ejemplo, cumpla e inicie el camino para encarcelar a su antecesor. Nada lo detendrá, ni siquiera el tardío arrepentimiento de Duarte ayer cuando se desistió y pidió declarar desierta la convocatoria para su Fiscal Anticorrupción.
Peña Nieto ha iniciado lo que será un espinoso camino para re-congraciarse con el electorado. Es él quien ha leído la gravedad de las señales manifiestas en la derrota del 5 de junio. Es él quien ha retomado el control de su partido con la designación oportuna de Enrique Ochoa al frente del PRI. Es él quien ya no tolerará que las prácticas dinosáuricas y caciquiles continúen carcomiendo cada rincón institucional.
Mucha gente pregunta por qué fregados los graves problemas locales terminan siempre por llegar hasta Los Pinos (el caso Ayotzinapa es el culmen de estas situaciones). La respuesta está en que los mexicanos tenemos dos niveles de percepción de la ecuación costos-beneficios para la ciudadanía, y que la federalización de la toma de decisiones desequilibró esta ecuación. De tal suerte, la percepción sobre los beneficios siempre quedó vinculada a los mandos locales (gobernador, presidente municipal, líder gremial); mientras que la percepción ciudadana sobre los costos fue dirigida por parte de los mandos locales de manera astuta hacia el nivel de la federación. En resumen: todo beneficio lo repartía el gobernador; mientras toda carencia se le endilgaba al gobierno federal.
Eso terminó. Peña está actuando (lo demostró ayer) para invertir la ecuación.
Asimismo, la nueva Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios regresará el control del dinero al gobierno federal; mientras que el Sistema Nacional Anticorrupción provee herramientas para evitar atrocidades como las que blindarían a Borge y a Duarte. Es en esta lógica que se deben entender ya todas las acciones de Los Pinos.
Le quedan menos de dos años al Presidente Peña para recuperar la percepción ciudadana de que su proyecto de gobierno es de una estatura muy distinta que la mostrada por varios de sus correligionarios partidistas. Son menos dos años para que su gobierno no sea recordado por muertos, violencia o corruptelas ignominiosas. Menos de dos años para pararse un domingo por la mañana en cualquier Liverpool a comprar regalos para la familia sin que nadie le tuerza la boca.