Cárceles estatales pasan de panzazo; CNDH da una calificación de 6.21, de 10

*La fuga de El Chapo y la matanza de Topo Chico son muestras de las fallas que existen en las prisiones…

CIUDAD DE MÉXICO.

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y el enfrentamiento en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, pusieron en evidencia las vulnerabilidades y fallas del sistema penitenciario del país, afirmó ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ombudsman presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, quinto estudio de este tipo elaborado por el organismo, sobre las condiciones de los penales entre junio y octubre del año pasado.

De acuerdo con el resultado, en una escala del 1 al 10, el promedio de calificación de las prisiones estatales fue de 6.21, en donde prevalecieron problemas de hacinamiento, deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados, falta de personal de seguridad y falta de protocolos para atender incidentes.

“Lo sucedido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 o el Centro de Prevención y Readaptación de Topo Chico han puesto en evidencia las vulnerabilidades y fallas de nuestro sistema penitenciario.

“No debemos esperar a que ocurran hechos graves dentro de un centro penitenciario para voltear a ver la problemática existente en ese ámbito e implementar acciones que, en la mayoría de los casos, son de carácter paliativo ante los daños causados o la falla u omisión evidenciada”, dijo González Pérez.

La noche del 12 de julio de 2015 se fugó del penal federal de El Altiplano, Guzmán Loera, líder del cártel del Pacífico, por un túnel de kilómetro y medio, que se cavó sin que las autoridades lo detectaran.

La noche del 10 de febrero de este año ocurrió un enfrentamiento entre grupos antagónicos de Los Zetas, recluidos en el penal de Topo Chico y que pretendían hacerse del control del mismo, que concluyó con la muerte de 49 internos.

La evaluación

El presidente de la CNDH, González Pérez, detalló que para el diagnóstico se revisaron 104 de 130 penales estatales, 16 de los 21 centros federales de reclusión y tres prisiones militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El ombudsman indicó que en las cárceles federales prevalecieron las quejas por falta de servicios médicos, además de que no hay una clasificación entre internos procesados y sentenciados, por lo que su evaluación fue de 7.36.

Por lo que corresponde a las tres prisiones militares, el estudio reveló que la situación más recurrente es la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo de sus internos. por lo que obtuvieron una calificación de 7.93.

“Por lo que se refiere a centros estatales, del total de 130 centros penitenciarios visitados, en 104 centros se advirtieron deficiencias en la clasificación de los procesados y sentenciados; en 92 casos se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

“Mientras que en 95 centros hay falta de personal de seguridad y custodia, así como en 86 falta de prevención y atención de incidentes violentos, es decir no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender incidentes como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines”, explicó González Pérez.

El presidente de la CNDH estuvo acompañado de la tercera visitadora del organismo, Ruth Villanueva Castilleja, y del director general de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Alfredo López Martínez.

Derechos que se evalúan

Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. (Capacidad de alojamiento y población, distribución y separación de internos y mantenimiento de la salud).

Aspectos que garantizan una estancia digna. (Existencia de instalaciones suficientes, condiciones materiales y de higiene).

Condiciones de gobernabilidad. (Normatividad que rige al centro, personal de seguridad, sanciones, autogobierno y sobornos).

Reinserción social del interno. (Integración del expediente jurídico-técnico, capacitación para el trabajo, educativas y deportivas).

Grupos de internos con requerimientos específicos.(Mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y con adicciones).