*Un estudio de la Auditoria Superior de la Federación revela que de las 290 entidades que conforman al gobierno, solo 265 permitieron el escrutinio en sus programas, y de ese total, 95.85 por ciento resultaron altamente vulnerables…
CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que en 2014 las instituciones de la Administración Pública Federal (APF), invirtieron 30 mil millones de pesos en implementar Tecnologías de la Información, TIC, y protección de datos, 95.8% de ellas mostraron alto riesgo de que su información sea robada o vulnerada.
Un estudio de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), publicado en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, revela que de las 290 entidades que conforman al gobierno, solo 265 permitieron el escrutinio en sus programas, y de ese total, 95.85 por ciento resultaron altamente vulnerables; 4.15 por ciento se encuentran en el nivel medio y cero por ciento en el bajo.
Los resultados también representan la carencia que hay de medidas de seguridad para el manejo e implementación de sus tecnologías, así como en la gestión financiera.
“En términos generales, la Administración Pública Federal carece de procesos documentados y formalizados, de mecanismos de control asociados principalmente con la Seguridad de la Información y administración de proveedores”, asegura el informe.
Las 25 entidades que no colaboraron con el estudio corresponden al Poder Ejecutivo Federal y son del Sector Económico; Agrario y Recursos Naturales; de Telecomunicaciones, Salud, Educación, Fuerzas Armadas y Hacienda.
Además, en 2014 se realizaron en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, 1,503 contratos y se asignaron a 23 mil personas en operarlas en los 265 entes. Pero la evaluación de la ASF muestra que no ha sido suficiente.
Subdivida la calificación entre las instituciones del Poder Ejecutivo, del legislativo, del Judicial y de los órganos autónomos, los cuatro aparecen con bajos niveles de seguridad y madurez en la TIC.
El poder Ejecutivo mostró a 96 por ciento de sus dependencias con en el nivel más bajo del diagnóstico, por lo que el nivel de riesgo es mayor. El 4 por ciento restante se ubicó en el rango medio.
Las dos grandes instituciones del Poder Legislativo (Cámara de Diputados y de Senadores) también se ubicaron en el nivel más bajo.
Lo mismo ocurrió con los tres entes evaluados del Poder Judicial.
Finalmente, el informe muestra que 88.8 por ciento de los órganos autónomos analizados permaneció en el rango más bajo y el 11.2 restante en nivel medio.
El estudio se llevó a cabo a través de un cuestionario de 87 preguntas, divididas en cinco secciones. Con base en los puntos obtenidos en cada área se determinó su nivel en alto (de 100 a 165), medio (34 a 99) y bajo (0 a 33).